Sánchez, sin escrúpulos con el Senado

La maniobra del Gobierno para «colar» en el Congreso una enmienda a una reforma de la ley del Poder Judicial vinculada a la lucha contra la violencia de género, para burlar el veto del Senado a la ley de Estabilidad Presupuestaria, es mucho más que un abuso parlamentario cometido a la desesperada. Es una intromisión flagrante de un poder del Estado, el Ejecutivo, en la labor constitucional de otro, el Legislativo, que ostenta la representación de la soberanía nacional. Es cierto que no se trata de una práctica parlamentaria nueva , y que antes los Gobiernos del PSOE y del PP la emplearon indistintamente como subterfugio para sacar adelante leyes e iniciativas a conveniencia. Pero también es cierto que jamás hasta ahora se había utilizado para zafarse de una Cámara como el Senado, inutilizarla, y hurtarle una competencia que le atribuye la ley bajo la excusa de la urgencia de Pedro Sánchez por aprobar los Presupuestos. El Senado tiene la capacidad legislativa de vetar la ley de Estabilidad Presupuestaria, y con este truco indigno de la práctica parlamentaria, el PSOE se la salta a la torera con el aplauso de Podemos. Por muy legal que sea, es una perversión de las reglas del juego democrático, un desprecio a las mayorías legítimamente designadas por los ciudadanos, y el desapoderamiento de una Cámara basado en un estricto afán de supervivencia personal. La pérdida de calidad democrática es indudable porque se trata de una práctica propia de regímenes autoritarios que creen tener sus Cámaras como una coartada para simular un respeto a las libertades públicas que no existe.

Sánchez demuestra tener muy pocos escrúpulos con el dictamen de las urnas . La añagaza del PSOE es sin duda una falta de respeto que vulnera el espíritu de hasta seis resoluciones del TC, órgano que precisamente -y a instancias del PSOE contra abusos similares del PP- sentenció que las enmiendas a las leyes deben tener una conexión con la materia que se regula. Y la estabilidad presupuestaria nada tiene que ver con una reforma judicial vinculada a los malos tratos. No solo es inadecuado. Es una tomadura de pelo a los españoles porque la doctrina del TC, aunque era alusiva al Senado y no al Congreso, es de obligado cumplimiento, y porque supone una alteración de nuestro sistema bicameral. Políticamente son comprensibles las prisas de Sánchez por aprobar los Presupuestos, más allá de la dificultad que conlleva aceptar el chantaje de comunistas y separatistas. Y también es comprensible que el PSOE quiera derogar la ley aprobada en su día por el PP que atribuía al Senado capacidad de veto. Sin embargo, la reforma de una ley orgánica tiene sus trámites y deben ser respetados siempre y por cualquier Gobierno. Lo demás es pisotear las reglas y, en este caso, la separación de poderes. El atajo de Sánchez es indigno de una democracia seria.