Sánchez, contra los ayuntamientos

A priori, el Gobierno tiene previsto que el Congreso convalide hoy el decreto ley que da forma al acuerdo alcanzado entre La Moncloa y la Federación Española de Municipios para la liberación de los remanentes económicos de los 8.200 ayuntamientos españoles, y que el Ejecutivo gestione a su manera ese superávit, calculado en unos 16.000 millones de euros. Probablemente, hasta el mismo momento de la votación no se conocerá si Pedro Sánchez consigue sacar adelante esta idea abusiva de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que lógicamente ha soliviantado a los ayuntamientos de todo signo político. Desde corporaciones del PP, pasando por alcaldías de Podemos y sus mareas afines, y hasta los primeros ediles de ERC, PNV o el PdECat, la rebelión ha sido prácticamente unánime, y solo los alcaldes socialistas han aceptado a regañadientes esta usurpación intervencionista de Sánchez. Si el Gobierno perdiese la votación y no viese ratificado su decreto, el fracaso de su iniciativa revelaría la enorme precariedad parlamentaria en la que se encuentra cada vez que Sánchez tiene que aprobar alguna norma. Y si finalmente lo sacase adelante, sería a costa de una enorme inquietud, incluso entre la izquierda política, porque el alivio de la deuda que tiene contraída el Estado seguirá siendo desmesurada en cualquier caso.

El fondo de la cuestión, muy complejo desde un punto de vista técnico-fiscal y administrativo, y que tendría su lógica si existiese un total consenso previo aunque no es el caso, es la desesperación que siente el Ejecutivo de Sánchez por disponer de liquidez a costa de lo que sea. Incluso, a costa de que los ayuntamientos no puedan recurrir a unos fondos que con esfuerzo han gestionado correctamente y que podrían servir para luchar a nivel local contra la recesión, o incluso para arbitrar medidas favorables en la lucha contra el Covid-19. Sánchez, el eterno defensor del Estado descentralizado, el promotor de una España «plural» de la que recientemente dijo que ya es «casi federal», pretende apoderarse de un dinero que no pertenece al Gobierno central, con el agravante de que «generosamente» permitirá a las corporaciones locales invertir hasta 5.000 millones si aceptan su chantaje legislativo, mientras él gestiona a capricho otros 11.000 que no le pertenecen. Más aún, Sánchez y Montero aspiran a dar un uso discrecional, y probablemente inconstitucional, a un dinero que no les corresponde gastar. Resulta demasiado impositivo, autoritario y estatalista. Es lógica la indignación de corporaciones de uno y otro signo político porque desde una perspectiva política, y de gestión, los millones de ciudadanos afectados percibirán que su alcalde no sabe proteger su patrimonio, mientras Sánchez se incauta de una suerte de «rescate» muy barato a mayor gloria del Gobierno central.