RTVE debe reparar a las víctimas de ETA

A través de la carta abierta que hoy publica ABC en páginas de España, sesenta embajadores y diplomáticos jubilados se dirigen a la administradora única de Radiotelevisión Española para mostrar su solidaridad con Javier Rupérez, también embajador y que, a través de una carta anterior, pidió públicamente a la emisora estatal una entrevista de desagravio por la concedida el pasado 26 de junio al etarra Arnaldo Otegui. De reconocido prestigio, los diplomáticos denuncian el trato y el espacio cedidos a quien califican de «delincuente y terrorista convicto, que intentó matar al diputado Gabriel Cisneros -al que pegó un tiro- y secuestró al diputado Javier Rupérez», un miembro de ETA que «no se ha arrepentido de su actividad terrorista, no ha condenado los crímenes de ETA y -sigue la carta- se cree con derecho a infligir un cierto grado de dolor a los ciudadanos del País Vasco y del resto de España».

En mínimos históricos de audiencia, ayuna de credibilidad, sesgada por un sectarismo ante el que ahora calla su otrora activo y reactivo «consejo de informativos» y rendida a la «normalización» que pregona el Gobierno de Pedro Sánchez, Radiotelevisión Española tocó fondo ético con una entrevista que atenta contra los principios que han de regir un servicio público ligado a la defensa del interés general del Estado al que representa. RTVE antepuso las estrategia políticas de La Moncloa a la defensa de quienes -por centenares, víctimas de ETA a las que Otegui no ha pedido perdón- ofrecieron su vida por la democracia de todos. La emisora que administra Rosa María Mateo no solo ofendió a una sociedad victimizada por ETA, sino que se autoinfligió con aquella entrevista un daño injustificable. Darle la voz a Javier Rupérez, secuestrado por Otegui, quizá sirva para reparar esa doble infamia.