Tribuna Abierta
Panorama subversivo español
En otros países, más desconfiados, pero más prácticos, las tendencias disolventes que van directamente contra la existencia del mismo Estado están excluidas
Cuesta leer el término subversión, parece de otra época, hay mentes «progresistas» que no admiten el concepto pues estiman que en un régimen democrático cualquier opción política, incluso las violentas, tiene derecho a existir. En otros países, más desconfiados, pero más prácticos, las tendencias disolventes que van directamente contra la existencia del mismo Estado están excluidas, incluso en su Constitución, como Francia, Alemania, etc, claro que «no son países tan avanzados políticamente» como España.
Nuestro país ha tenido, y tiene, dos experimentos fallidos de conquista del poder, aunque sea autonómico, por procedimientos ilegales; en un caso, cruento y parado de momento, aunque siempre en ciernes de comienzo, el País Vasco; en otro, el secular problema catalán, «la larga marcha», con el estallido seudojurídico del 1-O, no resuelto y a la espera de que el virus dé una tregua, en una España que, evaluada su situación de debilidad por los separatistas, es atacada con oportunidad.
El tercer escenario de subversión, este sí central, es el que se desarrolla en el conjunto del Estado, con la finalidad, como todos los movimientos de este tipo, de derribar el poder establecido y sustituirlo por otro afín, por el medio que sea.
En Francia, después de lo que les costó cambiar de régimen de Monarquía a República, 10 años de crímenes execrables, un dictador como Napoleón que arruinó al país y destruyó su juventud, nuevas dinastías monárquicas de lo más pintoresco, nuevas revoluciones, en fin un siglo XIX de lo más variado, se protege el régimen republicano y se prohíbe taxativamente en su Constitución vigente cambiarlo, y se atribuye dicha defensa al Presidente de la República, es decir está blindado.
En España, en aras del pluralismo político, se admite en el Parlamento a partidos políticos que ni siquiera aceptan el orden constitucional, que cuando toman posesión de sus cargos, mediante un simulacro de promesa, lo hacen, sin ninguna recriminación reglamentaria, de una forma subrepticia, emulando sus consignas rupturistas sin sonrojo. Bien es verdad que algunos de ellos están mejor en el Congreso que apostados para cometer sus actos execrables, recientes todavía.
En sede parlamentaria se puede hablar de todo, es el foro de la democracia, pero no se debe utilizar dicho altavoz para clamar contra las instituciones que el propio Congreso y Senado deben respetar y son base del ordenamiento, de la Ley.
Durante esta pandemia, y sucesivos estados de alarma, se ha utilizado al Parlamento para legislar en asuntos que poco tienen que ver con los tristes acontecimientos que acontecían, incluso se ha «colado» una reestructuración de las Fuerzas Armadas que, siendo la Defensa una política de Estado, hubiera merecido una mayor participación parlamentaria en su diseño; ni que decir tiene que la inclusión del Vicepresidente de Asuntos Sociales en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, despejada la incógnita de su NEED TO KNOW, pondrá muy probablemente en una situación frágil a la Oficina Nacional de Seguridad , dependiente del CNI, que gestiona la concesión de las habilitaciones de seguridad necesarias para el acceso a la información clasificada, aspecto que tiene en cuenta una gran cantidad de antecedentes, incluso de distintas generaciones, de los candidatos a la concesión. Si no fuera así, tanto OTAN, como UE, y como no los servicios de inteligencia extranjeros «aliados», mirarían con cierto recelo el camino que pueden seguir sus informaciones.
Aquí en España se está atacando los fundamentos de la convivencia nacional, nacida con dolorosos y mutuos pactos en 1978, admirados en todo el mundo civilizado y deseados por los países más inciviles en términos de transición política.
En la cumbre del poder, el Ejecutivo, se ha instalado un equipo que coexiste con esta subversión moral que impera en el ideario de los partidos que les apoya, y ya ni siquiera se defiende a la institución suprema del Estado ante los ataques, incluso en sede parlamentaria. En esta pandemia se ha decantado, en este nivel, una absoluta banalización de la muerte y una enorme falta de transparencia y sensibilidad, a la par de un autoritarismo en el manejo de las situaciones que exigían prudencia y compromiso.
El poder judicial, impasible, tiene de compañero de viaje a una fiscalía de parte, imposible de recuperar por sus antecedentes partidistas y militantes.
Los órganos de defensa jurídica del Estado, tan prestigiosos antaño, como los «enarcas» franceses, se debaten también en causas menores de sesgo ideológico, proporcionando inseguridad, cuando su función tradicional siempre fue la contraria.
Los Servicios de Inteligencia en los países democráticos, tienen como misión, y el español también, el neutralizar las amenazas y riesgos que atentan contra la integridad territorial, que los hay, pero también el orden constitucional que constituye la base de la Ley, sin la cual la democracia no es posible, y la subversión se instala.
RICARDO MARTINEZ ISIDORO es GENERAL DE DIVISION(R).
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