Ricardo Martínez Isidoro - Miradas sobre la pandemia
Covid-19: solidaridad más que planificación
El General de División señala que «en España, desde hace bastantes años, había suficientes instrumentos para hacer las cosas debidamente cuando llegara una catástrofe como la que estamos viviendo»
Es el momento de evaluar la reacción de los recursos nacionales en la lucha contra la pandemia que asola España dado que, sus efectos, parecen desproporcionados para su población, posición y sistema sanitario, considerado como uno de los más eficientes del mundo.
Es destacable la gran solidaridad española que se produce espontáneamente, despertando los instintos más empáticos para los más perjudicados, siendo ejemplo de comportamientos individuales y colectivos.
Pero la solidaridad con ser emotiva, generosa, necesaria e imprescindible no es suficiente para el tamaño de la crisis que asola al país; España hubiera precisado de un sistema previo de organización de personal y recursos muy estructurado , permanente, nacional en cuanto a dirección y alcance, y descentralizado en lo referente a ejecución, desprovisto de matices ideológicos y altamente nítido en cuanto a medidas a tomar por las diferentes Administraciones, no lo que se ha visto a lo largo de esta cuarentena, un desconcierto encapsulado en el estado de alarma y una lucha política defensiva impulsada desde el Gobierno, donde su prestigio en la conducción de la respuesta a la crisis se antojaba como prioridad.
En España, desde hace bastantes años, había suficientes instrumentos para hacer las cosas debidamente cuando llegara una catástrofe como la que estamos viviendo. Ha habido leyes cuya aplicación se ha ido «dejando en el cajón» porque la «movilización de los espíritus y de los recursos» parecía innecesaria, de otra época, incluso con ciertos matices de despotismo para quien propugnaba aplicarla.
Nuestro país carece de una conciencia de movilización reglada , quizás porque en épocas históricas recientes no ha participado en los grandes esfuerzos bélicos que representaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que supusieron la recuperación exhaustiva de los recursos de los países que participaron, hasta su agotamiento, y tampoco administró la ayuda mutua internacional para lograr las victorias que conocemos.
Tampoco ha existido la suficiente concienciación de los políticos en la etapa democrática reciente para movilizar al país detrás de una idea o para paliar un riesgo o amenaza; se ha sido muy reacio, políticamente, a aplicar siquiera los estados de excepcionalidad que nuestra propia Constitución instituye, quizás, entre otras causas, porque en el periodo anterior a 1978 se abusó un tanto de esta práctica.
Incluso, se ha llegado a afirmar que la movilización del país era un tema específicamente militar y por ello tanto la izquierda como la derecha han obviado esa práctica dejándola para «calendas graecas». Tal es así que la última ley de movilización, corriente en los países de nuestro entorno, data de 1969 , y está derogada de facto y de jure pues no se inscribe en el régimen de 1978; pero es la última que existió, en la actualidad no hay ninguna y es verdad que la hubiéramos necesitado en esta ocasión.
No olvidemos que la Movilización es «el conjunto de previsiones y acciones que garantizan la adaptación ordenada, rápida y segura de los recursos de la nación, cualquiera que sea su naturaleza, a las necesidades de la defensa nacional o a las planteadas por circunstancias excepcionales, cuando estas no puedan afrontarse con medidas contenidas en otras disposiciones legales». No es solamente militar, para periodos de guerra, sino para «poner la sociedad en marcha».
La Ley de Criterios Básicos de la Defensa Nacional , de 1980, acudía al concepto de «disposición, integración y acción coordinada de todos los esfuerzos de la Nación», para lo cual se dispusieron, en los comienzos de la década de los ochenta, una treintena de Planes Ministeriales para lograrlo; no era una movilización, pues siempre los políticos se han sentido poco afines a este concepto, pero se producía una iniciativa preventiva adaptada a varias situaciones de excepcionalidad; dichos planes no prosperaron y con ello se volvió al vacío en la coordinación nacional al respecto.
Desde la Ley Orgánica de la Defensa Nacional del 2005 habían transcurrido prácticamente 20 años sin iniciativas de movilización nacional, ni siquiera nuestro ingreso en OTAN y la desaparecida Guerra Fría lograron arrancar a los políticos de turno ningún avance en la materia, salvo ligeras disposiciones en relación con el «reservismo militar»; además, con esa ley, nunca consensuada con la oposición (PP), había desaparecido la definición de Defensa Nacional, tan integradora y conveniente a estos fines; la impresión que producía aquella disposición es la de huida de todo concepto de coordinación de esfuerzos, sin ni siquiera una mención a la movilización transitando en dirección a lo que después sería la Seguridad Nacional (SN).
En este último nivel los avances han sido significativos, en conceptos y en orgánica; sin embargo, a la hora de la verdad de esta pandemia, no se trasluce ningún criterio superior eficaz que pueda dirigir la salida de la mayor amenaza a la SN que ha tenido España, al menos por los resultados obtenidos.
* Ricardo Martínez Isidoro es General de División (R).
