Revés al separatismo doctrinario

La sentencia de un juzgado de Barcelona por la que se condena a la Universidad de la Ciudad Condal por vulnerar la neutralidad ideológica, y por sojuzgar la libertad de cátedra del profesorado no independentista y los derechos de los alumnos, es ejemplar. De hecho, da en la diana de un grave problema, como es el de la férrea utilización de la endogamia universitaria al servicio de la causa separatista, y la extensión de esta opresión al constitucionalismo en otras autonomías españolas como el País Vasco, Baleares o Navarra. Unos días después de la sentencia del Tribunal Supremo por la que condenó a los líderes secesionistas por sedición, siete universidades catalanas firmaron un manifiesto conjunto en el que reivindicaban la libertad de los presos y atacaban a los jueces por su supuesta falta de imparcialidad. En aquel documento, los claustros de los centros universitarios públicos atentaron de forma abusiva contra el derecho a la libertad ideológica, de expresión y de educación. Sencillamente, hay una apropiación indebida de la Universidad para reprimir el pensamiento crítico de cualquier profesor y de cualquier colectivo de alumnos contrario a la causa victimista del separatismo. Más aún, siempre se aprovecharon de la impunidad que les concede la Generalitat, pero también de la alarmante indolencia en la que incurre desde hace años la alta inspección educativa. A fin de cuentas, esta sentencia viene a sacar los colores al Gobierno de Pedro Sánchez, y a otros ejecutivos anteriores, por haber hecho la vista gorda en este abrasivo proceso de coacción dogmática al disidente.

El fallo judicial, muy duro con lo ocurrido, refleja el autoritarismo con el que actúan los rectores catalanes afines al separatismo más doctrinario, su inclinación hacia el pensamiento único y el veto a quien no se someta a su dictadura académica. Por suerte, de vez en cuando quedan retratados por los tribunales, aunque esta condena se limite solo a publicar la sentencia en la página web oficial de la Universidad durante un mes. Nadie dimite, nadie es destituido y nadie asume responsabilidades. Pero en definitiva, quedan los rectores al desnudo, porque no solo nunca fueron los garantes de las libertades, sino que imponen un sometimiento emocional y un clima de crispación sistémico en las aulas. Su estrategia ya se está copiando en otras universidades públicas y en centros educativos de cualquier edad controlados por el soberanismo: primero se silencia al discrepante; después se le estigmatiza como un fascista; más adelante se le intenta anular académicamente, y finalmente, si persiste, se le destruye socialmente a base de campañas de descrédito. Estos claustros del separatismo sostenían que la condena al golpismo catalán suponía la «criminalización de la disidencia» por parte de un Estado represivo. Ahora ya es una verdad judicial que quienes criminalizaban la libertad y la pluralidad eran ellos.