Revés a la campaña separatista

El último informe sobre Derechos Humanos elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos es demoledor para la campaña de internacionalización del proceso separatista en Cataluña. La diplomacia estadounidense no deja en pie uno solo de los argumentos empleados contra España, su democracia y su Justicia por el entramado financiado por la Generalitat en el extranjero. El informe niega que en España existan «presos políticos», destaca la independencia e imparcialidad de la Justicia y denuncia el acoso a periodistas no nacionalistas por parte del Gobierno de Cataluña. El documento del Departamento de Estado es un veredicto mundial contra un frente esencial del separatismo y toda una llamada a la responsabilidad del Gobierno español para que secunde con firmeza y en todos los ámbitos esta reivindicación de la democracia española hecha por Washington. Este es el momento de aumentar la presión internacional contra el independentismo para deslegitimar sus denuncias falsas contra la Justicia española, porque su objetivo a corto plazo es una campaña de descalificación de la sentencia que dicte la Sala Segunda del TS, en caso de que sea condenatoria, para lo que cuentan, bien es cierto, con informes banales de sedicentes observadores internacionales. Si el destinatario de las infamias contra la Justicia española es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el informe de Washington es un contrapunto que debe ser capitalizado por el Gobierno de Sánchez en todas las cancillerías europeas.

Hay que recordar que fue el propio presidente Torra quien visitó Washington para recabar apoyos de parlamentarios demócratas y republicanos a la causa separatista. El portazo de la Administración estadounidense ha sido definitivo, más aún porque el informe del Departamento de Estado es remitido al Capitolio para que sea tenido en cuenta en la definición de la política exterior de EE.UU. y de leyes que afecten a países extranjeros. Con este respaldo firme de EE.UU. a España, las provocaciones de Torra con el mantenimiento de lazos amarillos y banderas «esteladas» en los edificios públicos de Cataluña deben recibir una respuesta proporcionada desde las instituciones centrales del Estado y la Fiscalía General. De poco servirán los apoyos internacionales si internamente no se defienden la Constitución y las leyes democráticas que tanto se valoran en el extranjero. La coherencia entre una cosa y otra es un deber de Estado que el Gobierno socialista no puede eludir. La responsabilidad de Sánchez es garantizar el cumplimiento efectivo del acuerdo de la Junta Electoral Central, que no es otro que la retirada de unos símbolos partidistas incompatibles con la igualdad política y la neutralidad de los poderes públicos. Con la colaboración de la Generalitat o sin ella, ese acuerdo debe ser cumplido.