Recuperar el orden constitucional

Más que plazos para aplicar el artículo 155 de la Constitución , el Gobierno ha dado a Carles Puigdemont un margen de cortesía que no se merecía para evitar lo que era inevitable desde hace mucho tiempo. Desde luego, mucho antes del referéndum del 1-O y la posterior comparecencia parlamentaria del presidente de la Generalitat. Ya basta. El Consejo de Ministros se reunirá mañana para concretar la propuesta de medidas de intervención en la administración autonómica catalana que deberán ser aprobadas por un pleno extraordinario del Senado. La remisión de este Pleno a final de este mes sería una dilación excesiva de una respuesta que ya llega tarde. Hace bien Mariano Rajoy en cuidar el bloque constitucionalista que, formado por el PP, PSOE y Ciudadanos, respalda la aplicación de medidas coercitivas a la Generalitat. Pero el consenso no debe seguir siendo un freno, como lo ha sido hasta ahora. Puigdemont se ha burlado del Estado, de la Nación y de los españoles. Su segunda contestación a Rajoy es un insulto a la inteligencia, porque pretende ahora deslizar la idea de que el Parlamento catalán no votó la declaración unilateral de independencia. Con este argumento de leguleyo, Puigdemont trampea su propia ley de referéndum, en cuyo artículo 4 se disponía que la victoria del «sí» implicaba automáticamente la declaración de independencia. La intervención del Parlamento catalán se reservaba para una mera « declaración formal » de la independencia acordada por los catalanes. De hecho, Puigdemont sólo pidió al Parlamento de Cataluña que suspendiera la declaración de independencia, no que la votara, dando por supuesta que ésta ya se había producido. El presidente catalán es un tramposo que está fabricando un argumento para impugnar la aplicación del 155 ante el Tribunal Constitucional: si el Gobierno ha hecho depender el 155 de la declaración de independencia y esta realmente no se ha producido, los separatistas alegarán que el acuerdo del Senado no tiene base constitucional.

Realmente no importan las interpretaciones que haga Puigdemont de su red de mentiras con forma de ley y referéndum. El Estado no puede ni debe depender de los procesos mentales de quienes ya han demostrado que buscan su destrucción. Con declaración explícita de independencia o sin ella, las instituciones catalanes han sido puestas fuera de la ley por el separatismo y al Estado le corresponde reintegrarlas al orden constitucional. Este reto no es una cuestión de personas, sino un conflicto constitucional que debe ser resuelto institucionalmente. El 155 tampoco es la varita mágica para pacificar la situación. Es más, el Gobierno como el PSOE y la opinión pública deben prepararse para asumir los costes de un más que probable uso de la fuerza policial para ejecutar las medidas aprobadas por el Senado.