El rastreo de la responsabilidad

La transmisión comunitaria del Covid-19 que desde la pasada semana se registra en Cataluña y Aragón pone de manifiesto los fallos del sistema de vigilancia y control habilitado por el Ministerio de Sanidad para lo que denominó la «nueva normalidad». Con los medios suficientes y los protocolos adecuados, los brotes quizá se puedan rastrear y contener, pero el grado de contagio que ya sufre el área metropolitana de Barcelona, la más afectada por esta nueva crisis de salud pública, supera de largo los planes diseñados por Salvador Illa, Fernando Simón y su grupo de expertos, aún desconocidos. El temor a una segunda ola de contagios, incluso antes del otoño, aumenta en función del número de afectados por el coronavirus que a diario y con un crecimiento cada vez mayor reconocen las comunidades autónomas. No solo ha faltado el marco jurídico que el Gobierno debió discutir en el Parlamento tras el decaimiento del estado de alarma -aquel plan B que durante varias semanas pidió el Partido Popular sin obtener otra respuesta que el «no es no»-, sino que los instrumentos de rastreo se han mostrado insuficientes para mantener a raya la pandemia.

Aquel examen semanal al que Sanidad sometió a las comunidades autónomas para comprobar su fortaleza sanitaria y su capacidad para seguir la huella del virus y detener su avance ha resultado ser un brindis al sol de la propaganda y de la ineficacia. Las pruebas que impedían a unas y otras regiones pasar de fase y avanzar en la «desescalada» nunca fueron sometidas al escrutinio público. El Ministerio de Sanidad actuó como mando único para certificar y validar, desde la más absoluta opacidad, la solvencia de los sistemas de salud autonómicos para detectar, rastrear y contener al virus de Wuhan. Es el departamento que dirige Salvador Illa, asesorado por Simón y su camarilla de expertos, el que ha de dar explicaciones sobre la insuficiencia y la ineficacia de los recursos técnicos y humanos que hace poco más de un mes, y a partir de unos parámetros aún desconocidos, dio por buenos.

Con una ratio nacional de uno por cada 12.000 habitantes, la reducida cifra de rastreadores del Covid-19 da la clave de la situación de contagio y descontrol del coronavirus que sufren al menos dos regiones. El Gobierno actuó tarde el pasado marzo, consecuencia de los criterios ideológicos que lastran su gestión, y ha dedicado a la propaganda de la «nueva normalidad» y de su victoria sobre la enfermedad un esfuerzo que ahora se revela inadecuado, torpe y repleto de riesgos para la sociedad y la economía. Duplicar en solo una semana el número de contagios no puede considerarse ni aceptarse como «normal».