Tribuna abierta
Informe sobre la pandemia y sus consecuencias
La actual pandemia, cuyo vasto espacio no acabamos de atravesar, ha sido como un gran movimiento sísmico mundial para la salud, la economía y la sociedad; pensando, algunos, que con sus tres oleadas y sus consiguientes desescaladas, nos adentramos ya en zonas de benevolencia y de solución definitiva, merced a las vacunaciones. Pero son muchas las incógnitas que perviven y los problemas pendientes.
La pandemia ha tenido el efecto de una gran crisis de demanda. Un bajón dramático del PIB, que en 2020 cayó en España, oficialmente, un 12 por 100: unos 160.000 millones de euros. Pero esa es una cifra que seguro se queda muy por debajo de la realidad, por toda clase de desajustes empresariales, y porque no incluye la economía sumergida, que en España se sitúa en torno al 20 por 100.
Así las cosas, el efecto empobrecimiento está siendo, y será, mucho más fuerte; y con la desigualdad se hará mayor entre los más privilegiados y los menos favorecidos. Todo ello, cuando España aún estaba recuperándose de la crisis anterior, la Gran Recesión, que comparativamente tuvo menos incidencia: sólo un decremento del 8,5 por 100, según las cuentas nacionales.
Frente a la situación creada, la respuesta general, en prácticamente todo el mundo y entre nosotros, ha sido la política de cebar la bomba. Una idea de los discípulos norteamericanos de Keynes en EE.UU., que sirvió de base para el New Deal del presidente Roosevelt en 1933: a base de inyectar ingentes cantidades de dinero en el sistema económico y restablecer así los flujos dentro del mismo; evitando el colapso.
Pero además de volver a funcionar normalmente, es preciso un impulso adicional de inversiones para impulsar el crecimiento a medio y largo plazo.
En un reciente Informe mío –Más allá de la maléfica pandemia: España resurgiendo valiente—, analizo los instrumentos utilizados para reflotar la economía en España. Los tengo contados y han sido (s.e.u.o.), 22 en total: desde los créditos ICO con aval del Estado, hasta la actuación de la UME dentro de una sanidad que se vio más que acosada. Pasando por los ERTEs, la prestación extraordinaria para autónomos, el ingreso mínimo vital, las moratorias de alquileres, hipotecas y créditos al consumo, créditos directos y capital para empresas de importancia estratégica, bancos de alimentos, algunos conatos de planes sectoriales de recuperación, etc. De modo que la financiación de todos esos esquemas se ha traducido en un aumento extraordinario de las emisiones de Deuda Pública del Estado, que actualmente sitúa el endeudamiento en torno al 120 por 100 del PIB, y creciendo.
Dentro del dramático panorama sintetizado, se sitúa la luz de la ayuda de la Unión Europea (UE). Para empezar, está el poco conocido Programa de la Comisión llamado SURE (Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency), que nos puede prestar –ya lo ha hecho en gran parte— hasta 21.300 millones de euros; fundamentalmente para compensar pagos realizados por la Seguridad Social por desempleo y ERTEs.
Además, la UE va a facilitar recursos a través del Fondo Europeo de Recuperación (FER). Un aporte cifrado en 77.324 millones como subsidios y 63.122 millones en préstamos. Un total de 140.446 millones, que algunos contemplan como el maná que vuelve a caernos del cielo en la dura travesía que aún nos espera.
Por otro lado, la UE presta un servicio muy valioso, a través del Banco Central Europeo (BCE), que garantiza la fácil colocación, hasta ahora, de las emisiones de deuda pública, comprándola el Banco en los mercados secundarios; como también hace con los bonos corporativos de grandes empresas. A lo que han de agregarse los manguerazos de liquidez que el BCE presta al sistema financiero español.
E incluso hay un programa para créditos avalados por la Unión; y un euromecanismo para invertir capital en empresas amenazadas de compra –en su mayoría por China— por su situación difícil.
En cuanto a la gestión de todos esos instrumentos, institucionalmente, son los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los que llevan el peso de la política económica de la pandemia. Con la obligación, ahora de todo el Gobierno, de formular para la UE un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (RTR); a entregar a finales de abril de 2021, perfilando los objetivos y medios de la más que difícil recuperación.
Ese intento de volver a una economía en pleno funcionamiento, se va a hacer con el muy discutido Real Decreto Ley 36/2020, que configura nuevas instituciones para el reparto de los recursos europeos: una gran Comisión que presidirá el propio Pedro Sánchez, un Comité Técnico dependiente de ella, un Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, y una Secretaría General de Eurofondos. Todo un dispositivo, con intervenciones varias de otros departamentos lo que parece acabará siendo un sistema enormemente complejo y muy burocratizado. Desde el cual seleccionar los proyectos estratégicos de reconstrucción económica (PERTEs); que podrán proponer las empresas, y otras entidades, a efectos de inversiones. Los subsidios del FER serán de aplicación durante los años 2021 a 2023; y en cuanto a los préstamos, en el siguiente trienio de 24, 25 y 26.
Y es aquí, en cómo repartir esos fondos del FER, donde está la máxima discusión actual. Sobre si hacerlo con toda la burocracia estatal especificada, o si establecer una Alta Autoridad Independiente, de personas cualificadas del mundo de la empresa y del I+D+i. A fin de hacer la distribución con dos metas principales: inversiones con efecto multiplicador; y proyectos rentables y que ayuden a la competitividad exterior de España.
Además, en la “Propuesta a la Nación” en el referido Informe Tamames (así lo llaman ya algunos), figuran 30 Programas sobre temas que no se tienen en cuenta en el Plan RTR. Son viejas rémoras estructurales, que España ha de abordar, definitivamente, en su recuperación de la pandemia; sólo algunas anotaciones sobre los temas.
Como política de población, necesitamos regular migraciones y un nuevo modelo demográfico de mayor natalidad. En el empleo, hay que pensar en un Servicio Nacional del Trabajo Voluntario para los jóvenes y especialmente los ni-nis. Como también se precisa un estatuto que permita seguir laborando después de la jubilación en las mejores condiciones. Y análogamente, han de reforzarse infraestructuras en agua, energía, transporte, etc.; e incluso, volver a la idea del trasvase del Ebro.
Se trata, asimismo, de abordar inteligentemente el problema de la España vacía; ligándola a proyectos agrarios de alta tecnología; y de forestación racional, que además de su gran belleza, los nuevos bosques serán importantes sumideros de CO2, dentro de los objetivos del Acuerdo de París de 2015.
Habrá que idear, adicionalmente, un programa de enseñanza informática para mayores, y promover el espíritu start up entre los jóvenes. Buscando la ampliación de las pymes hoy sometidas a la regla perniciosa de no más de 50 trabajadores.
Por otra parte, hay que entrar en cuestiones como la cultura del esfuerzo, un verdadero sistema educativo dual, mayores recursos para el CSIC (semiabandonado en sus proyectos de vacunaciones).
Y por último, están otros temas capitales: el patriotismo de la honestidad, la seguridad jurídica, la tributación teniendo en cuenta el esfuerzo fiscal, la financiación autonómica, la inquietud por el mundo hispanohablante, mayor presencia española en la UE, un Plan Euráfrica, etc.
Las soluciones a la pandemia no van a ser sólo de recursos por endeudamiento y de la UE. Serán también, más que importantes, la imaginación para plantearse cómo superar los problemas específicamente reseñados, con un empeño decidido, y gestionando todo con transparencia y auditorías de calidad.
Estamos ante un momento único para estructurar nuestro propio futuro. Si lo perdiéramos en medio de la burocracia, de los clientelismos, las corruptelas y los autoritarismos, rechazables siempre, sería algo que se nos criticaría duramente y con toda la razón del mundo.
