El PSOE, cómplice de las coacciones

Lo ocurrido ayer en el Congreso fue un esperpento con los primeros indicios serios de que la involución democrática de la que vienen hablando Pablo Iglesias, Gabriel Rufián o Arnaldo Otegui está en marcha. Y todo ello, con una anuencia y permisividad de Pedro Sánchez y del PSOE digna de asombro. Todo el proceso que en su día anunció el ministro de Justicia para aventar que España está ante un nuevo periodo constituyente resulta ya más que preocupante porque viene instado por un partido como el socialista, pretendidamente constitucional y progresista, y en teoría no transgresor de nuestro sistema de libertades.

Primero, Sánchez intentó forzar las costuras del poder judicial poniendo al frente de la Fiscalía General del Estado a su propia ministra de Justicia, algo inédito en la historia democrática de nuestro país porque ningún presidente se atrevió a tanto para controlar esa institución. Y para desprestigiarla. Segundo, Pedro Sánchez se sacó de la manga una propuesta de reforma unilateral de la ley orgánica del Poder Judicial para forzar su renovación incumpliendo la previsión constitucional de que sean tres quintas partes del Congreso quienes lo hagan, y no él solo con sus socios separatistas, con Podemos y con el nacionalismo. Esta maniobra solo ha sido frenada después de que la Comisión Europea pusiese en evidencia a Sánchez por la entidad de su abuso contra la separación de poderes y contra la independencia judicial.

Y en tercer lugar, al quedarse sin opciones, Sánchez se inventa ahora otra reforma de la misma ley, pero esta vez para maniatar al Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, e impedirle que haga nombramientos de vacantes en distintos Tribunales. De facto, supone deslegitimar al presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, y a todos los vocales, incluso a los designados a propuesta del PSOE, de modo que mientras permanezcan en prórroga de su mandato vencido no puedan realizar una sola designación de jueces.

La intromisión del poder ejecutivo en las funciones del judicial es una invasión antidemocrática en toda regla. Durante el debate, en el que solo se opusieron el PP, Vox y Ciudadanos –resulta incomprensible que no se entiendan para muchas más cuestiones relevantes en defensa de nuestro sistema político–, ERC, Bildu o Podemos dedicaron inquietantes ataques a los jueces y tribunales. Fueron tildados de franquistas, de prevaricadores, se dijo de ellos que son violadores de los derechos humanos, que están «comprados» por el PP, o sencillamente que delinquen con sus resoluciones. Ayer el silencio de los escaños socialistas ante semejantes acusaciones, coacciones y falsedades fue el indicio más claro de que Sánchez es el instigador de este ataque a las libertades, y de que es irreversible su proceso de control autoritario de todos los poderes en España. El PSOE no es un simple conseguidor de votos para poder aprobar los presupuestos y no verse obligado a convocar elecciones generales. Es el partido que ha decidido renunciar a la defensa de principios constitucionales que hasta ahora parecían inalterables y garantizados ante cualquier amenaza. Hoy, es solo el líder del grupo de partidos que insultan, desprecian y amenazan la autoridad de nuestros jueces. Los que se han propuesto, en definitiva, liquidar la independencia del poder judicial.