Proteger al Rey de Sánchez

La radical defensa que hicieron ayer los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy de la monarquía parlamentaria no fue solo una expresión de simpatía personal hacia Don Felipe, o un mero gesto de apoyo institucional en un momento en el que el revanchismo de La Moncloa se ha propuesto minar a la Corona, deslegitimarla y, como dijo Pablo Iglesias sin matices, erradicarla de España. El sentido de sus palabras responde a una preocupante cuestión de fondo basada en la creciente percepción de que Sánchez y su Ejecutivo de coalición con Podemos se han propuesto acometer un cambio de régimen que dé por finiquitados los consensos de la Transición. Cada movimiento del Gobierno contra el papel constitucional del Rey, contra la separación de poderes y contra el sometimiento de la judicatura está orientado a fracturar a la sociedad en bloques ideológicos irreconciliables y generar crispación. Por eso, cuando Rajoy expresa con contundencia su «apoyo a la Constitución, a las reglas de juego, a la Monarquía y a las instituciones», y cuando González dice que Don Felipe actúa de modo «impecable, con completa neutralidad y con una prudencia exquisita», no hacen otra cosa sino liderar una imprescindible respuesta institucional contra la operación destructiva puesta en marcha por Sánchez para imponer un nuevo sistema político.

Es indudable que el concepto de democracia que en los últimos días han compartido los integrantes del poder judicial, los empresarios y ahora dos expresidentes del Gobierno no tiene nada que ver con la usurpación de la democracia que pretende llevar a cabo Moncloa para granjearse el apoyo del separatismo catalán y no comprometer el futuro de la legislatura. No es solo que Sánchez pretenda garantizar a cualquier precio su supervivencia política, sino que al no desautorizar a los ministros cuando tratan de coaccionar al Rey, el sanchismo demuestra compartir el objetivo final de dar un vuelco a nuestra democracia. Consentir la inestabilidad política que está erosionando a España, como hace Sánchez, demuestra que es algo más que un simple cómplice de Iglesias en esa misión intervencionista. El presidente del Gobierno es el instigador de este revisionismo tóxico, que aspira a derogar la Constitución por la vía de los hechos consumados sencillamente porque comparte ese proyecto desde el mismo día que se abrazó a Iglesias. Resulta imprescindible que los auténticos defensores del constitucionalismo reaccionen con la claridad con que lo hicieron ayer Rajoy y González y tomen conciencia de que la embestida del Gobierno contra nuestro sistema político es grave y amenaza con ser irreversible. Han de ser los propios socialistas los primeros en dar un paso al frente, sin complejos, y reivindicar el legado y la vocación institucional de un partido pervertido por Sánchez por mero interés personal.