El «procés» entra en prisión

El ingreso en prisión provisional de los máximos dirigentes de Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, es la consecuencia legal inevitable de su participación activa en los tumultos de los días 20 y 21 de septiembre. La perseverancia del Ministerio Fiscal ha dado sus frutos. Según el auto de prisión, ambos responsables separatistas organizaron y planificaron la agitación callejera que desembocó en el acoso a los agentes de la Guardia Civil que estaban registrando la Consejería de Economía. Megáfono en mano, arengaban a una turba enardecida que quería impedir el cumplimiento de la orden judicial de entrada y registro, como un episodio más en la escalada contra el orden constitucional. En esto consiste el delito de sedición. Esta prisión provisional expresa la gravedad de lo que está ocurriendo en Cataluña y avisa a otros de lo que puede suceder. Por esta vez, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se ha librado. La juez Lamela no ha visto indicios claros de su intervención directa en la pasividad cómplice de los policías autonómicos ante la Consejería de Economía. Es una valoración respetable, pero muy discutible, porque Trapero, como superior jerárquico de los Mossos, tenía a su alcance haber dado las órdenes necesarias para evitar el acoso y asedio a la Guardia Civil y sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, el auto que pone a Trapero en libertad insiste en que solo se ha valorado lo sucedido entre el 20 y el 21 de septiembre. Desde entonces han pasado muchas más cosas, como la trampa de los Mossos a la Policía Nacional y a la Guardia Nacional el día del referéndum. Trapero sigue bajo la lupa de la justicia.

Dos presos preventivos y dos imputados con prohibición de salir de España son los primeros pasos de una justicia penal que tenía que intervenir con firmeza. Pero a los jueces sólo les corresponde una parte de la respuesta al separatismo catalán. El resto sigue dependiendo de una acción constitucional directa de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para poner fin a la insurrección institucional de la Generalitad de Cataluña.