Primeros avisos inquietantes

Para pactar con Unidas Podemos el Gobierno de la Nación y buscar pública e impúdicamente el apoyo de un partido golpista e insurreccional como Esquerra Republicana de Cataluña -y lo que este arrastre de Bildu y similares como la CUP-, el PSOE ha tenido que perder los más mínimos escrúpulos constitucionales. La Constitución no es sola una norma jurídica, sino un código de valores cívicos, muchos de ellos no escritos, esenciales para la convivencia pacífica de una sociedad. Los socialistas han certificado con su pacto con Iglesias que la democracia de 1978 ha entrado en cuarentena y que ahora comienza una etapa de demolición controlada de aquellos principios constitucionales que no requieren procedimientos formales de reforma, sino, simplemente, vías de hecho, tan del gusto de la izquierda extrema. La primera de esas vías ha sido homologar como socio de Gobierno a un partido eurófobo y antisistema como Unidas Podemos, que llega al poder con la apariencia bondadosa con la que siempre lo han hecho los partidos comunistas para luego, desde las instituciones, avanzar en la suplantación de la democracia representativa por el totalitarismo de izquierda. Nadie en su sano juicio puede pensar que el mismo personaje que abraza a los matones proetarras de Alsasua, se refiere a Junqueras como preso político, apoya la autodeterminación de Cataluña o se embelesa por las dictaduras cubana o chavista, se convierta desde la vicepresidencia del Gobierno en un respetable demócrata europeo.

La inefable portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha dado un aviso de lo que se avecina para una España que habrá de acostumbrarse a defender lo que hasta ahora creía que eran derechos y libertades aseguradas. Cuando Celáa afirmó que «el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocidas en el artículo 27 de la Constitución», realmente estaba definiendo el modelo de acción política que van a protagonizar Sánchez a Iglesias. Ayer intentó matizar sus palabras con explicaciones tan inútiles como su pretendida disertación jurídica sobre el derecho de los padres sobre la educación de los hijos. El problema no es el debate jurídico que quiso plantear Celáa, mal asesorada en este asunto porque el Tribunal Constitucional no avala sus palabras. El problema es la arrogancia política que hay que tener para poner en solfa un derecho fundamental de los padres en un país en el que la educación concertada es indispensable para la igualdad de oportunidades de los niños y jóvenes. En efecto, se aproxima un gobierno de extrema izquierda, que no puede ser más que de extrema izquierda porque si no es así no se puede pactar con comunistas trasnochados como Unidas Podemos o golpistas en activo como Esquerra Republicana de Cataluña. Celáa ha avisado. Tomemos nota.