Prevaricación belga

La justicia belga ha vuelto situarse fuera de la legislación de la UE, fuera del proyecto europeo y fuera de la confianza recíproca entre democracias europeas. Su decisión de denegar la entrega del prófugo exconsejero Lluis Puig, procesado por malversación es tan burda jurídicamente y tan grave políticamente que genera más problemas para el Gobierno belga que para la justicia española. El prófugo ya sabe que su vuelta a España antes de la prescripción de su delito irá seguida de su detención, acusación y juicio. Si la decisión de no entregar a Puig no es revocada, Bélgica dejará de ser un Estado miembro fiable para el proyecto de un espacio común europeo de justicia, seguridad y libertad. El fiscal belga ha anunciado que recurrirá un decisión que, en España, podría tipificarse como prevaricadora. El juez ha denegado la entrega del prófugo Puig porque considera que el juez Llarena no era el competente para emitir la orden europea de detención, sino que debió ser emitida por un juzgado de Barcelona al no tener la condición de aforado. El tribunal belga no tiene ninguna potestad para revisar la aplicación de las normas de competencia judicial española, menos aún para decidir si el comportamiento de Puig tiene o no conexión con los demás procesados, que sí están aforados ante la Sala Segunda del TS. Al extender a esta cuestión su juicio, el tribunal belga ha dado un tiro de gracia a la maltrecha orden europea de detención y entrega. La causa alegada por el tribunal belga no está prevista en la normativa europea y es una arbitrariedad que debe ser corregida por los tribunales superiores, pero también debe contar con una reacción política del Gobierno español, porque la decisión de Bélgica no es judicial, es una provocación amparada por un clima adverso a los intereses de España.

Si el juez Llarena tiene o no competencia es algo que se decide en España y conforme a las normas internas españolas. La injerencia belga es inadmisible, pero responde al papel proteccionista que dispensa a los prófugos separatistas. No en vano, Bélgica es el paraíso de cualquier delincuente español que se considere «preso político». Por eso, también las instituciones europeas tienen mucho que decir si realmente aspiran a un espacio común judicial. En estas condiciones, poco hay que compartir con la justicia belga, tan creativa ella en buscar excusas para amparar a los prófugos de la española. El Parlamento europeo tiene en marcha una iniciativa para modificar la orden europea de detención y entrega, que si ya era necesaria tras la decisión de un tribunal territorial alemán de no entregar a Puigdemont, más lo es ahora con una nueva arbitrariedad de la justicia belga, basada en un retorcimiento de la legalidad europea. Si Europa no enmienda estos errores, el camino a la desconfianza, primero, y a la ruptura, después, puede ser irreversible.