El precio de una moción en censura

La comisión bilateral Estado-Generalitat terminó ayer como estaba previsto: el Gobierno se movió en círculo con su discurso vacío sobre la «normalidad» y el «diálogo», aunque la consecuencia práctica de lo que la ministra Meritxel Batet llama «proyecto para Cataluña» consiste en el enésimo saneamiento de la economía catalana. Otra vez el Gobierno socialista reduce su estrategia a financiar mejor a la Generalitat, asfixiada por su deuda y su déficit. Incluso Batet retomó la disposición estatutaria, cuestionada por el Tribunal Constitucional, que garantiza a Cataluña un porcentaje de inversiones en infraestructuras en función de su PIB. Lo hizo de tapadillo, sin llamar a las cosas por su nombre y privando a la opinión pública del debate que exige un privilegio de esta magnitud, contrario a la Constitución e intolerable para el resto de España. Oyendo a Batet, los separatistas no han roto un plato en su vida y la culpa de la crispación es, por supuesto, del PP. Practicó la ministra más apología del Estatuto catalán que de la Constitución.

Por su parte, los representantes de la Generalitad catalana, salieron con la tranquilidad de quien ha conseguido una reunión de tú a tú con el Estado mientras se burla a diario de ese mismo Estado con descalificaciones al Rey, a la Justicia y a los españoles en su conjunto. En este juego de apariencias, gana el separatismo, porque su presencia en un foro organizado a su medida lo legitima ante su público independentista y transmite el mensaje de que el Estado ha perdido el pulso. Los separatistas catalanes saben que han recuperado margen de actuación gracias a un Gobierno que renunció a utilizar el foro bilateral de ayer para exigir lo único importante en este momento, que es la lealtad a la Constitución y a las leyes.

Mientras Pedro Sánchez y su Gobierno siguen anclados en el zapaterista argumento de que hay que hacer que Cataluña -es decir, los nacionalistas- esté cómoda en España, los separatistas se mueven en una fase más avanzada para su propósito, que es el de romper España y no cómo quedarse en ella. Cuando todo fracase, el PSOE no dudará en presentarse como víctima de un engaño o apóstol de la concordia, pero nada hay de lo uno ni de lo otro. La gestión de la crisis separatista por el PSOE no responde a una necesidad de diálogo, que no la hay, con el separatismo, ni a una reacción inteligente ante cambios, que no existen salvo a peor, entre los nacionalistas. Es el punto final que pone el PSOE a la lucha del Estado contra el independentismo para volver a la senda de la relativización del pacto constitucional de 1978 y de la coalición entre la izquierda y el nacionalismo para eliminar políticamente al PP. Basta de ingenuidades con la agenda catalana de Pedro Sánchez: es el precio de su investidura.