El precio del amiguismo presidencial

Desde que ABC desveló el caso de enchufismo protagonizado por Ignacio Carnicero, a quien Pedro Sánchez nunca ha dudado en calificar como su «mejor amigo», el Gobierno ha puesto todos los medios para ocultar cualquier información sobre su aterrizaje en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, donde desde el pasado junio ocupa el cargo de director general de Agenda Urbana y Arquitectura, cargo creado expresa y artificialmente para ponerlo a sueldo de la Administración. Antes de beneficiarse de esta bicoca, y a modo de aperitivo, Carnicero tuvo la oportunidad de hacer caja a través de la elaboración de informes para el departamento que dirige José Luis Ábalos, siguiendo el tradicional modelo de las corruptelas municipales y autonómicas -Laura Borràs, ahora investigada por el Supremo, puede ilustrar bien este caso- con que el poder ha combinado desde hace décadas amiguismo y malversación. Nuestro periódico publica hoy el singular trabajo de consultoría, encargado por el equipo de Ábalos, por el que Carnicero se embolsó el año pasado más de 18.000 euros, un informe de diez páginas que el mejor amigo el presidente del Gobierno resolvió con el tradicional método del «corta y pega»- a menudo palabra por palabra, copiadas de un folleto- y que para abreviar llenó de fotografías de gran tamaño. Cualquier ordenanza del Ministerio, en el que abundan los expertos y los técnicos, podría haber realizado un «estudio» que Carnicero amplió luego con un anexo en el que sin pudor volvió a volcar textos procedentes de internet.

El documento elaborado por Carnicero no solo está articulado a través del plagio, genuino manual de supervivencia para el presidente del Gobierno, sino que representa un bodrio sin soporte técnico o documental, un apaño con el que materializar aquel compromiso que Pedro Sánchez anunció en público antes de llegar a La Moncloa: traer de vuelta a su mejor amigo, que tuvo que abandonar España en busca de empleo. El nulo valor del informe elaborado por Carnicero obliga a José Luis Ábalos a explicar quién y por qué motivo encargó y pagó aquel vergonzante trabajo de consultoría, pero es Pedro Sánchez el que moralmente tiene que asumir su responsabilidad en un episodio que pone de manifiesto un modus operandi que remite a la clásica corrupción de bajos vuelos. No es amigo de la transparencia el presidente del Gobierno, sino de Ignacio Carnicero, pero la evidente y lacerante actividad de la que se ha beneficiado el arquitecto confirma la falta de escrúpulos de Sánchez para erigirse en mesías de una regeneración contra la que paradójicamente atenta su falta de ética pública. Plagiar una tesis o mantener a sueldo a un amigo definen una moral pública que explica muchos de los males que asolan España.