Un plan B contra la pandemia

El Gobierno vuelve a fiarlo todo a la propaganda oficial y a los trabajos de campo realizados por el CIS para evitar reconocer sus errores, agravados según se prolonga la secuencia de la crisis del Covid-19. Con una tasa de contagios que llega a triplicar la de los países de nuestro entorno, España se enfrenta a un ciclo de brotes pandémicos que en los últimos días ha puesto de manifiesto la improvisación con que el Ejecutivo inauguró su «nueva normalidad», sin habilitar el plan B que en tantas ocasiones le pidió el Partido Popular como alternativa al estado de alarma, el encierro generalizado de la población y la inactividad económica. Ahora son las comunidades autónomas -sin una hoja de ruta definida y sin los instrumentos normativos necesarios para adoptar medidas de contención- las que, a salto de mata y como sucedió el pasado marzo, tratan de atajar el contagio del Covid-19. En este escenario, Pablo Casado propuso ayer la reforma urgente de Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública con el objetivo de permitir a las autoridades decretar cuarentenas, limitar los movimientos en las zonas afectadas y decidir aislamientos locales. No solo se trata de proteger a los más vulnerables de la amenaza de una enfermedad que ya ha causado decenas de miles de víctimas, aún sin cuantificar ni reconocer de forma oficial, sino de permitir que el tejido industrial y comercial no se resienta con el cierre generalizado al que podría conducir esta nueva ola de contagios. Existía y existe un plan B al margen de aquel estado de alarma tan lesivo para las libertades individuales y la economía, una alternativa legislativa que siempre ha pasado por el diálogo y la negociación parlamentaria. El PP vuelve a ofrecer su mano tendida al Gobierno y ofrece sus votos para que rectifique y deje atrás sus dogmas y sus vetos.