El IPC de las pensiones hipoteca el futuro

El acuerdo de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para garantizar la vinculación de las pensiones con el « IPC real » ha sido recibido como un logro, pero en realidad no es más que un compendio de vaguedades y recovecos cuyo contenido último nadie ha aclarado. Incluso la ministra del ramo lo devaluó ayer al recordar que se trata de una «recomendación» y no de un mandato obligatorio. En todo caso, resulta mejor un acuerdo que un conflicto, aunque en materia de pensiones lo que más urge es decir la verdad a los ciudadanos, y esto es lo que unos y otros han eludido otra vez, lamentablemente. Como en el resto del mundo, en España pueden pasar muchas cosas en los próximos años, pero lo que no se puede ignorar es que ya resulta imposible mantener el esquema de las pensiones que ha funcionado en las últimas décadas. Basta señalar que la célebre hucha recaudada en los años de bonanza, con casi 70.000 millones, se ha consumido en apenas siete años. Mantener el actual tren de prestaciones exigiría recaudar a través de impuestos una cantidad similar o, peor aún, añadirla a la ya gigantesca deuda pública para que la paguen los contribuyentes futuros. Las recomendaciones europeas en contra de la indexación de las pensiones no son irrelevantes.

El Gobierno tiene una doble responsabilidad: decir la verdad y adoptar medidas razonables. En vez de afrontar el problema, sigue inflándolo para derivarlo hacia una mayor carga impositiva, porque resulta menos impopular que afrontar una visión realista de las prestaciones. Y, sobre todo, porque depende de sus principales aliados, los demagogos de Podemos , quienes movilizan las protestas.