Las pensiones, después de los mítines

La respuesta al nuevo desafío separatista de la Generalitat, cuando no las cortinas de humo que, como la exhumación de los restos de Franco, despliega el Gobierno sobre la opinión pública han contribuido a desplazar del foco del debate electoral una crisis económica que ya se manifesta en todas las variables y que las recetas populistas que anuncia la izquierda solo pueden agravar. Negar la realidad quizá sea el camino más fácil para cosechar votos, pero también el más irresponsable. Especialmente dramático es el caso de nuestro sistema de pensiones, cuya quiebra es ignorada de forma sistemática por quienes priman el peso electoral de los jubilados -aquí no hay diferencias entre derecha e izquierda- sobre la urgencia de la reforma integral de un modelo insostenible. Ayer fue el Instituto de Actuarios de España el que alertó sobre las consecuencias de una revalorización de las pensiones que, ligada al IPC, multiplicará por tres el déficit de la Seguridad Social, hasta rozar el 5 por ciento del PIB en solo tres décadas. Según las cuentas de los Actuarios, tres de cada cuatro euros de las prestaciones comprometidas para 2050 no estarán cubiertos con las contribuciones futuras. El agujero crece de manera proporcional a la pasividad de quienes prefieren camuflarlo a comenzar a taparlo.

Garantizar las prestaciones del estado del bienestar, un concepto tan elástico como las ofertas electorales, no puede seguir siendo la excusa para aplazar sine die la reforma estructural de este modelo. Es precisamente el estado del bienestar el que se ve amenazado, si no agotado, por la huida hacia adelante de los partidos que juegan sus cartas a corto plazo y de unos electores que, a sabiendas de la gravedad de la crisis, toleran su ocultación y parcheo.