Peligrosa evolución antidemocrática

La gestión política de la pandemia ha metido al Gobierno de Pedro Sánchez en el peligroso territorio de las prácticas antidemocráticas, a rebufo de la excepcionalidad de la situación y bajo el chantaje emocional de los riesgos para la salud de los ciudadanos. Lo que carece de calidad democrática no es España ni su estructura constitucional, sino el Gobierno que la dirige, entregado con entusiasmo a faltar a la verdad sobre todos y cada uno de los aspectos esenciales de su acción política contra la pandemia. De principio a fin, desde el 14 de marzo hasta hoy, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha tenido otra estrategia que la de falsear la realidad y desarticular los mecanismos democráticos de control al Gobierno. España es el noveno país del mundo con mayor número de infectados y el peor de Europa en esta segunda ola o como quiera llamarla Fernando Simón. Se ha llegado a esta situación tras imponer un régimen de confinamiento nacional, con restricciones absolutas de la libertad de movimiento -y persecuciones de la libertad de expresión en las calles y en las redes-, y con el hundimiento de la economía. No hay proporción entre los medios aplicados y el desastroso resultado obtenido.

El Gobierno esconde el número de muertos realmente causados por el Covid-19, aunque los estudios más fiables lo sitúan cerca de 50.000. También esconde el nombre de los «expertos» a los que tantas veces endosó sus contradicciones e improvisaciones y ahora queda la duda de si tales expertos existieron alguna vez. Y para rematar su arraigada política de la mentira, el Gobierno se niega a facilitar al Parlamento documentos esenciales para saber de qué información disponía Pedro Sánchez sobre el Covid-19 y desde cuándo, pero seguro que desde antes del 8-M. Esos documentos son las alertas que el Departamento de Seguridad Nacional remitía al presidente del Gobierno desde finales de 2019. El Partido Popular solicitó una copia de esas alertas, pero el Ejecutivo solo ha permitido que sean analizadas por diez diputados populares, quienes no podrán difundir su contenido. Es una burla a la oposición y a la opinión pública y una manipulación partidista del interés nacional, caricaturizado como interés de conveniencia para Pedro Sánchez. Lo mismo sucede con los informes que la Abogacía del Estado había elaborado con un plan B al estado de alarma. La petición de la diputada de Vox Macarena Olona para que se le entregara copia de esos dictámenes ha recibido como respuesta del Gobierno una negativa sin justificar y una insultante remisión a un discurso del presidente Sánchez, en el que menciona de pasada esos informes.

La opinión pública no debe acostumbrarse a esta degradación progresiva del nivel democrático del Poder Ejecutivo y si la mayoría de Sánchez en el Congreso le inmuniza del control parlamentario, se hará inevitable acudir al control judicial.