La patronal, de la desconfianza al miedo

Si la prioridad del nuevo Ejecutivo es de carácter económico, eslogan que enmascara su estrategia de cesiones al separatismo, inequívoco eje de esta legislatura, los recelos están más que justificados por parte de empresarios e inversores, de quienes en último extremo dependen la generación de riqueza y la creación de empleo. El diálogo en el que se envuelve el Gobierno de coalición solo existe en las mesas convocadas con el independentismo catalán, y no con una patronal que históricamente ha formado parte de cualquier proyecto de reforma económica y laboral y a la que la irrupción en la Moncloa de Unidas Podemos ha contribuido a marginar a partir de un unilateralismo que no solo contrasta con la llamada de Sánchez a la negociación, sino que resulta especialmente grave en un área tan sensible como la económica. El incremento de las pensiones en un 0,9 por ciento, decidido ayer por decreto y de espaldas a la racionalidad del gasto que exigen las cuentas públicas y que recomiendan los organismos nacionales y extranjeros, es un buen ejemplo de la estrategia populista trazada por el Gobierno, cuya vicepresidenta económica ni siquiera acudió ayer al Spain Investors Day.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, alertó ayer de que el déficit público se disparará al 3,5 por ciento del PIB si se llevan a cabo las propuestas del PSOE y Unidas Podemos, un proyecto que -aseguró- «da miedo» a los empresarios al plantear un escenario en el que aparecen 25.000 millones de euros de gasto y unos ingresos de apenas 6.200 millones. Las cuentas que maneja Sánchez deben de ser muy distintas, tan legítimas como las de la patronal, pero tan desiguales que invitan a aparcar la demagogia heredada de aquellos viernes sociales y abrir, por el interés general de los españoles, un proceso de diálogo. En este caso resulta obligado.