Paso atrás del Estado

La opinión pública se está acostumbrando a recibir con frecuencia noticias que revelan una cierta postración de los intereses nacionales y del Estado por culpa de prejuicios ideológicos y oportunismos políticos. Es una situación que no debe ser consentida ni normalizada, porque de ella sólo obtienen beneficio quienes buscan la crisis del Estado, bien para romperlo y culminar sus ansias separatistas, bien para forzar un nuevo proceso constituyente, esta vez revanchista y sectario. En ocasiones, la postración de los intereses nacionales se manifiesta en actitudes escandalosas de sumisión al nacionalismo o de complacencia con la izquierda antisistema. Pero en otros casos, son conductas de menor escala, pero muy sintomáticas del deterioro ético y cívico de una parte de la izquierda.

El portaaviones Juan Carlos I atracará en Guecho este fin de semana, pero lo hará en medio de las protestas de los nacionalistas y, por supuesto, de los socialistas vascos, quienes no tienen problema en ver a su líder en amigable cuchipanda navideña con Arnaldo Otegui, pero ven herida su sensibilidad pacifista ante la imagen de un buque de la Armada española atracando en un puerto vasco. Y esto, en plena efemérides de la gesta del vasco Elcano. La Fundación Princesa de Girona ha desistido de celebrar la reunión de su Patronato en la capital gerundense y celebrará sus reuniones por vía telemática, para evitar desplazamientos y conflictos. La victoria nacionalista ha empujado a la Fundación que lleva por nombre el de la heredera de la Corona y futura Jefe de Estado a organizar en Barcelona la próxima entrega de sus premios. A diario se constata el incumplimiento de la Ley de Banderas, transformada en papel mojado en instituciones vascas, navarras y catalanas. Y como no es suficiente la vulneración de deberes públicos, no faltan ediles, como Ada Colau, que añaden la ofensiva manipulación del callejero para eliminar referencias públicas a la Familia Real.

En este repliegue del Estado situamos también el último episodio de desobediencia de Quim Torra a la Junta Electoral Central, manteniendo los lazos amarillos y las banderas esteladas en los edificios de la Generalitat. La inacción del Gobierno, ese ponerse de perfil siempre para no molestar a quienes han sido sus socios en el Congreso, ha dado la iniciativa a Torra que, después de que se lo diga el Defensor del Pueblo catalán, procederá a retirar los símbolos. Es decir, ya puede vender a su facción que solo atiende a instituciones catalanas y no a las estatales.

No es un problema de insuficiencia de leyes o instituciones, tampoco de personas dispuestas a hacer cumplir la ley. Hay de lo uno y de lo otro para hacer respetar la legalidad y la dignidad nacional. Es más grave, se trata de la falta de impulso político, de liderazgo nacional y, sobre todo, de compromiso con los intereses de España por aquellos que están obligados a defenderlos.