La alberca
Los pardillos del Arandina
Se ha instaurado en España una Justicia populista que acusa en función de la presión social
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Ni la depravación es siempre delito, ni todos los delitos son inmorales. Lo que hicieron los degenerados de la Manada fue un oprobio que está por encima del Código Penal porque compendia los comportamientos más obscenos del ser humano. Es indiscutible que los machirulos de ... los Sanfermines son unos salvajes que no se tienen respeto a sí mismos y que piensan con el bálano. Pero una cosa es la reprobación moral que merece su conducta y otra cosa es la ley. La presunción de inocencia es el gran derecho universal, el único que garantiza las libertades y el que menos margen de error soporta. Sin embargo, el manoseo al sistema de división de poderes ha creado en España un clima de presión social que está influyendo claramente en la Justicia. Ahora existen los delitos ideológicos, las condenas ejemplarizantes motivadas por el clamor popular. Lo digo por derecho: ha llegado la Justicia populista.
Los tres futbolistas del Arandina que han sido condenados a 38 años de cárcel por agresión sexual a una menor merecen, de entrada, todo repudio ético. Son, sin duda, unos guarros. Y seguramente serán también unos delincuentes, aunque para asegurarlo con rotundidad hay que esperar a que la sentencia sea firme. Lo preocupante es que puedan estar siendo utilizados como conejos de indias para meter miedo a los violadores en grupo a través de la denominada «doctrina de la Manada», que es claramente una receta impulsada por el buenismo político con el objetivo de ponerse la pegatina del feminismo. El rédito electoral por delante del equilibrio del sistema. Las ideas por encima de los hechos. O, como se ha demostrado en el denigrante acuerdo de Weinstein con sus presuntas víctimas, el dinero por lo alto de la dignidad, que ya tiene precio: 25 millones de euros. Prostitución millonaria.
El mismísimo Alfonso Guerra ha confesado que actualmente hay actos penales que tienen sanciones diferentes si los ejecuta un hombre o una mujer. Una aberración jurídica que atenta contra el artículo 14 de la Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión...». Guerra incluso ha revelado que habló con un miembro del Tribunal Constitucional después de que se aceptara la Ley de Violencia de Género y que le reconoció que era inconstitucional, pero que tuvieron que aprobarla «por la presión social que teníamos». Nada explica mejor que esto el nivel de la política contemporánea. El Estado es para todos menos importante que la masa. La cantidad es un argumento más valioso que la calidad.
Los pardillos del Arandina, que es como ellos se han calificado, han sido condenados a más años de cárcel que muchos terroristas, sicarios y descuartizadores tras un juicio en el que no hay ninguna prueba incontrovertible contra ellos. No estoy diciendo que sean inocentes. Estoy diciendo que no se ha podido demostrar, más que indiciariamente, lo que se les atribuye. Los hechos probados que inducen a la condena son la declaración de la víctima, que además cambió su testimonio varias veces, un video grabado por ella en el piso antes de la supuesta violación y la parálisis de los teléfonos móviles de los condenados durante la hora y media en la que se habría producido la agresión. Sólo pruebas periféricas. Los delitos de agresión sexual están penados con un máximo de diez años, pero la «doctrina de la Manada» suma el de cooperador necesario con el resto de violadores cuando se acomete en grupo. Populismo jurídico. Porque la expresión «sentencia ejemplarizante» es un oxímoron que apesta a república bananera. Aunque decirlo me cueste un disgusto.
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