... para tomar como rehenes a los españoles

La demolición de nuestro andamiaje judicial es solo un instrumento más en la perversa deriva del Gobierno. Ayer, la pataleta provocada por el varapalo que el Tribunal Superior de Madrid había propinado a Sánchez le forzó a hacer una exhibición de poder. ¿Qué sentido tiene si no declarar un estado de alarma exclusivo en Madrid para mantener las mismas medidas que ya eran aplicadas por Ayuso por orden de Illa? No tiene más lógica que la de seguir gobernando a base de un intervencionismo autoritario que ha tomado como rehenes a más de cinco millones de personas. El estado de alarma es un rodillo con tintes cesaristas. Es la réplica de La Moncloa a los jueces que habían dejado en evidencia al Ejecutivo. Sánchez transmite una idea desasosegante: cuando no le gusta una resolución judicial, la revoca por la vía de los hechos consumados con un decreto extraordinario que conculca la libertad. Pero la libertad no es un concepto etéreo. Los derechos y garantías de los ciudadanos están tasados, y se pueden restringir de modo acorde a la interpretación de los tribunales, y no al criterio abusivo de Sánchez. Pero para mermar derechos, un gobernante tiene que justificarlo con algo más que una operación de marketing político diseñada desde el despecho para desgastar al PP en Madrid. Es mentira que el Gobierno haya acudido al rescate de los barrios humildes… Los mantiene en idénticas condiciones que Ayuso, pero con la izquierda ya silenciada. Y por eso es difícil sustraerse a la idea de que Sánchez ambiciona tumbar al Gobierno de Ayuso, de que el suyo es un cerrojazo ideológico para generar crispación, y de que no le guía el sectarismo. Falta una explicación de por qué no hizo lo mismo en el País Vasco, Cataluña, Navarra o Aragón. En efecto, como sostiene Illa, «no hay más ciego que el que no quiere ver»: la operación de acoso y derribo en Madrid es visible desde lejos.