Un pacto por Cataluña

La resaca del 21-D durará meses y tendrá consecuencias ahora mismo imprevisibles. Pero las tendrá y graves, porque es necesario que tanto el Partido Popular como el PSOE asuman la corresponsabilidad de una actuación histórica respecto de Cataluña que se ha saldado con la renuncia a hacer presente el Estado en esta comunidad autónoma. Es cierto que ahora resulta más fácil criticar lo que en otros momentos se consideró política de Estado, pero habrá que aceptar que aquella estrategia de cesión y concesión al nacionalismo para lograr, primero, su apoyo al pacto constituyente y, segundo, su aportación a la estabilidad de los gobiernos del PP y del PSOE, no ha producido el efecto de su lealtad al orden constitucional. Hay una opción a corto plazo para desarmar políticamente la influencia del nacionalismo y es que populares y socialistas se comprometan a apoyarse en los asuntos de Estado y en las políticas presupuestarias críticas -como las que corresponden a la actual crisis- poniendo punto final al mercadeo con nacionalistas vascos y catalanes. La desafección de los grandes partidos nacionales entre sí es el vivero de los nacionalistas. Antes que tocar la Constitución, prueben PP y PSOE una política de pactos, sin necesidad de una «gran coalición», pero sobre la base del patriotismo.

Entre tanto, los acontecimientos en el Tribunal Supremo se suceden sin condicionarse a las coyunturas políticas. En esto consiste la división de poderes. El juez Llarena ha ampliado la imputación por los delitos de rebelión y secesión a Artur Mas, Marta Rovira y Anna Gabriel, poniendo el foco de la justicia penal en todos los rincones de la trama golpista. Los nacionalistas pidieron la excarcelación de los presos, a los que llama «políticos», como si fuera una consecuencia inevitable del 21-D. Con este lenguaje, los nacionalistas demuestran defender una visión del futuro de Cataluña que es incompatible con el Estado de Derecho y, además, hace imposible cualquier opción de diálogo. Los partidos ganan o pierden elecciones, pero los jueces, no, porque su misión es asegurar la vigencia de la ley. Por eso, la nueva mayoría separatista sigue tan obligada como la anterior a respetar la Constitución. Y si no lo hace, Junqueras puede decir lo que pasa.