Otro intento desesperado de chantaje

El separatismo ha decidido concentrar toda su energía propagandística en el próximo juicio a los acusados por rebelión y otros delitos, perpetrados en septiembre y octubre de 2017. En este momento, la Justicia, junto con la Corona, representan la fortaleza del Estado y una y otra reciben ataques del independentismo, animado por la pasividad del Gobierno de Sánchez. Tras la absurda recusación contra el magistrado Marchena, los separatistas han subido la puja de su desafío y han decidido emprender el camino victimista de la huelga de hambre. Jordi Sánchez y Jordi Turull comunicaron ayer que inician esta huelga como inauguración de una campaña de internacionalización del juicio que a finales de enero comenzará en el Tribunal Supremo. La respuesta razonable de un Estado dirigido por un Gobierno serio y responsable no sería otra que la indiferencia ante semejante decisión, sin más intervención que la que requiera la salud y la integridad física de los huelguistas. Pero como el Gobierno de Sánchez no es serio ni responsable en el asunto catalán, no hay que descartar que el chantaje de Sánchez y Turull de pie a nuevos ejercicios de presión desde el Ejecutivo sobre la Sala Segunda, como han hecho los ministros que se pronunciaron contra el mantenimiento de la prisión provisional de los acusados.

Lo que está garantizado es que la Sala Segunda no cederá al chantaje. No han cedido a las presiones del Gobierno, ni a los ataques de los camisas pardas de los CDR, ni a las recusaciones. Si Sánchez y Turull quieren hacer huelga, que la hagan y sólo ellos serán responsables de sus consecuencias. Creyeron que nunca habría juicio y lo tienen encima. No son los Mandela ni los Gandhi de Cataluña, sino elementos de una clase política insolidaria, desleal y antidemocrática, que intentaron usar el inmenso poder autonómico que les fue concedido por la Constitución para crear, sobre los cimientos de la corrupción y el clientelismo, un enclave nacionalista reaccionario en la Europa del siglo XXI.