Editorial ABC

Otro acto de propaganda

Con la parafernalia habitual de La Moncloa, Pedro Sánchez presentó ayer el llamado «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española»

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Con la parafernalia habitual de La Moncloa, Pedro Sánchez presentó ayer el llamado «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española», una hoja de ruta económica para los próximos años y en la que volcará el dinero llegado desde Bruselas a través del fondo de reconstrucción. Unos 24.000 millones ya estarán incluidos en el próximo presupuesto y de aquí a tres años, otros 50.000 más. Espera que esa inyección impulse un 2,5% del PIB en tres años y promete crear 800.000 puestos de trabajo. ¿Les suena la cifra? No hubo mayores concreciones en el reparto de ese dinero y sí una recapitulación de los grandes fetiches de la izquierda, todo muy «verde, inclusivo, digital e igualitario», faltaría más. Los empresarios, que ya han sido citados por Sánchez en La Moncloa dos o tres veces para actos con similar fanfarria, siguen a la espera de que se les precise cuánto de ese dinero va a ir a parar a remuscular la economía productiva, temerosos de que se opte por el camino cortoplacista de aquel Plan E de Zapatero que llenó de aceras nuevas los polígonos industriales que quedaron abandonados en la crisis de 2008. Iba a crear dos millones de puestos de trabajo y al final el paro superó los cinco millones. Y ese es el temor, que la resiliencia de Sánchez no sea más que otro parche que no acometa las reformas estructurales que precisa el país. Porque el panorama es casi terrorífico. ABC informa hoy del abrupto desplome de los ingresos de la Seguridad Social, cuya reforma lleva pendiente al menos un lustro, y que ha motivado que en junio ya se haya alcanzado todo el déficit previsto hasta diciembre. Cuando Zapatero prometió los dos millones de empleos, Felipe González recordó: «Yo prometí en la primera legislatura 800.000 empleos y destruimos 800.000 empleos. Ya me callé para siempre, porque los empleos los dan los empleadores, y no el Estado».

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