Otra reforma del Gobierno para controlar la justicia

La reforma procesal penal que prepara el Gobierno resucita para el debate jurídico la vieja aspiración, nunca cerrada, de que sea el fiscal y no el juez quien asuma la instrucción de los procedimientos, y que se dé carpetazo a la figura de la «acción popular», tan desvirtuada en nuestra historia reciente. Bajo el paraguas de la «acción popular», todos los partidos se han dedicado a politizar los tribunales para criminalizar al oponente. De esta figura han surgido innumerables penas de telediario, juicios paralelos y vulneraciones flagrantes de la presunción de inocencia. De algún modo, el papel originario de la acción popular -una figura legítima- ha sido pervertido y su uso, indebido. Ahora bien, eliminarla conllevaría dejar el peso absoluto de la acusación en el fiscal. Y en este caso, con Sánchez en La Moncloa, la Fiscalía sería el instrumento esencial del Gobierno para manejar los procesos penales a su antojo con criterios selectivos o ideológicos. Conviene mucho estar advertidos y prevenidos ante esta reforma.