Nueva injerencia en el poder judicial

Situado en un segundo plano por el lamentable espectáculo provocado por la presidenta del Congreso, el nuevo presidente del Senado se atrevió ayer a sugerir al Supremo el sentido de su fallo sobre el golpe separatista. Convertido en letrado de la defensa, Manuel Cruz abogó sin pudor por una «sentencia absolutoria» de los golpistas juzgados por el Alto Tribunal. Según Cruz, conviene pasar por alto la independencia de los tribunales y el Estado de Derecho para no soliviantar a quienes tratan de dinamitarlo. Así de simple. La separación de poderes, utilizada a conveniencia de parte por el PSOE para quitarse de encima la responsabilidad de aplicar la ley y el reglamento contra el nacionalismo, se convierte en obstáculo cuando la prioridad política es resolver lo que Pedro Sánchez insiste en considerar un simple «problema de convivencia». Se trata de absolver -o indultar, llegado el caso- a los acusados de atentar contra la Constitución, una nueva versión de aquel «no te preocupes» con que el presidente del Gobierno resumió en la sede de la soberanía nacional su estrategia política ante Junqueras, cabecilla del golpe de octubre de 2017. Los que en este caso no se tienen que preocupar son los seguidores del separatismo, para los que hay que lograr -como sea- una sentencia «absolutoria». Para Manuel Cruz, la mejor manera de combatir el crimen es tener contentos a los delincuentes, sus cómplices y sus simpatizantes. Lección magistral a la Sala Segunda del Supremo, ahora desde la tribuna de la cuarta magistratura del Estado, que Cruz, por simple higiene institucional, debería abandonar de inmediato tras retractarse.

Lejos de integrar al PSC en el constitucionalismo que desde hace décadas ha guiado la acción del PSOE, ha sido la filial catalana la que se ha apoderado del pensamiento de una formación centenaria, hoy sometida al mercadeo y la subasta de la integridad y la dignidad del Estado. Las maniobras dilatorias de Meritxell Batet y las declaraciones de Manuel Cruz responden a la estrategia que Sánchez puso en marcha la pasada legislatura. Convertir en papel mojado la sentencia del Supremo y poner en la calle a los golpistas es la prioridad para el moderado Sánchez. Sus lugartenientes en el Congreso y el Senado no van por libre.

Después del grave conflicto institucional en el que Meritxell Batet involucró al Supremo para no tener que significarse en la suspensión de los golpistas presos, ahora es el presidente del Senado el que desafía y presiona al Alto Tribunal -sobre el mismo particular, qué coincidencia- de manera intolerable e improcedente. El Poder Judicial sufre en menos de una semana una doble agresión, y no de forma espontánea. Deslegitimar a los poderes del Estado parece ser la función del nuevo equipo de Sánchez. En eso se parece mucho a aquellos a los que protege.