No, Europa no impone la censura

La pretensión del Gobierno de hacer creer que su nueva normativa para la vigilancia de los medios de comunicación y el control de los contenidos en internet se basa en una exigencia legal e irrenunciable de la Unión Europea es la enésima falsedad con la que Pedro Sánchez quiere justificar su continua merma de libertades en España. Es lógico que un Gobierno luche contra las noticias falsas en un entorno internacional de desestabilización de muchas instituciones, pero antes debería aclarar qué entiende por lo que llama «desinformación» y por qué pretende fiscalizar la labor informativa y opinativa de los profesionales del periodismo en esta maniobra rayana con la censura previa. Sin embargo, la orden ministerial aprobada por Sánchez es tan difusa y está tan repleta de trampas dialécticas, que no aclara nada. Y eso es lo grave porque abre un amplio abanico para la impunidad de La Moncloa.

La norma solo sienta las bases para cometer arbitrariedades cuando al Ejecutivo le venga en gana amparándose en una exigencia de la UE que no es tal. De hecho, la orden ministerial solo alude a un «plan de acción para la lucha contra la desinformación» que fue presentado y aprobado en el Consejo Europeo de diciembre de 2018. Este plan tuvo su origen en resoluciones de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior que en ningún caso vinculan ni obligan a los gobiernos de los países miembros a aprobar leyes restrictivas contra la libertad de información, de opinión o de expresión. Y menos aún motivan a un gobierno a erigirse en árbitro de lo que es la «desinformación». Ese es el motivo por el que la Comisión ha puesto bajo su lupa la nueva norma de Sánchez por arbitraria. La coartada europea para Sánchez ha resultado ser una invención, porque más allá de que cada país se ponga de acuerdo en su Parlamento sobre cómo regular un fenómeno tan destructivo como las «fake news», no es cierto que la UE imponga absolutamente nada. Sobre todo porque, llegado el caso, lo lógico sería crear algún organismo independiente e imparcial capaz de decidir al respecto, y no que sean La Moncloa y dos altos cargos de la máxima confianza personal de Sánchez los autorizados para fabricar verdades absolutas y acallar la crítica social.

El proyecto de ingeniería social iniciado en España contra la libertad avanza a un ritmo tan vertiginoso como peligroso, y la cobertura que da a Sánchez la imposición de un estado de alarma durante seis meses añade un plus de impunidad a La Moncloa en su objetivo letal contra nuestro sistema de leyes. El Gobierno ha intentado someter al Poder Judicial, y solo el frenazo impuesto por Europa ha forzado a Sánchez a rectificar su operación de desmontaje de la separación de poderes. También son una agresión a las libertades la erradicación del castellano como lengua vehicular y oficial del Estado en las aulas, la ideologización del ciudadano a través de una «memoria democrática» falseada, el blanqueamiento de una banda terrorista como ETA, la mentira constante en la lucha contra la pandemia, y ahora la creación de un órgano gubernativo -no libre- para supervisar la información que se publica contra el Gobierno. La ofensiva de Sánchez solo será reversible si Europa pone pie en pared porque en España el Gobierno ha sometido al Parlamento para que asuma una fraudulenta superación de preceptos constitucionales a través de meras leyes orgánicas, decretos y órdenes ministeriales. Y eso es un timo a la democracia propio de voluntades autoritarias que aspiran al control absoluto de todas las instituciones de un Estado para ponerlas a su servicio.