Negociar, pero sin chantajes

La incapacidad del Gobierno para alcanzar un acuerdo con las organizaciones del taxi en su lucha contra los abusos denunciados por la actividad de los vehículos VTC -en concreto contra las plataformas Cabify y Uber- demuestra la complejidad de un pulso que, una vez más, pagan los consumidores. La huelga de taxis en Madrid y Barcelona se extendió ayer a otras ciudades, y los taxistas han convertido un conflicto presuntamente laboral en un auténtico desafío al orden público. El sector del taxi pretende que se limite el número de licencias concedidas a conductores de VTC porque, en realidad, no se cumple la ratio establecida y, de facto, se ha convertido en una competencia desleal que amenaza al sector. A su vez, las organizaciones de VTC hablan de una inexorable liberalización del mercado, adaptada a los nuevos tiempos y a las normas legítimas de la competencia. Se trata de un fenómeno complejo que exige una regulación objetiva que ponga orden en un sector actualmente desequilibrado, en el que se reconozcan los derechos de todos los actores, de manera que exista una racional convivencia en las calles. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez no está encontrando de momento soluciones . Es evidente que no basta una regulación autonómica o local para garantizar una sana competencia al sector del taxi, o que cada ciudad resuelva, en materia de licencias y concesiones, lo que considere oportuno en un nuevo ejercicio de manipulación ideológica de la realidad, como pretendía Ada Colau, responsable última de este estallido. Es imprescindible garantizar, sin monopolios excluyentes a favor de unos u otros, la supervivencia del negocio del taxi, y que este no compita en inferioridad de condiciones frente a determinados abusos de los VTC . Sin embargo, es igualmente abusivo decretar un cierre patronal del taxi, que no una huelga legítima, y transformar un ejercicio de protesta en auténticos actos vandálicos.

Ciudades como Madrid y Barcelona no pueden quedar bloqueadas, y menos aún es aceptable que las patronales del taxi amenacen con la parálisis de puertos, aeropuertos y otras instalaciones. En Barcelona, su alcaldesa, Ada Colau, es muy culpable de lo ocurrido, y en Madrid, por imitación, Carmena trata de sacudirse de encima el problema. En el ámbito estatal, Fomento no puede apelar, como pretende, a una regulación autonómica como solución para este conflicto, porque es absurdo que puedan existir regulaciones diferenciadas en función de los territorios para resolver un conflicto colectivo. Las huelgas salvajes nunca son la solución de nada, y cualquier negociación debe afrontarse garantizando todos los intereses en juego. Todo lo demás es dejar al ciudadano indefenso frente a abusos y violencia, y ofrecer una pésima imagen de España.