Una muerte odiosa, pero impune

La sentencia que condena a penas mínimas al antisistema Rodrigo Lanza es uno de esos fallos que fuerzan a la opinión pública a preguntarse por el papel de la Justicia frente a determinados episodios. Mientras la primera sentencia contra La Manada causó un revuelo nacional, la condena a cinco años de prisión impuesta a Lanza por matar «imprudentemente» a un ciudadano que llevaba tirantes con la bandera nacional apenas ha causado polémica. En menos de un año, Lanza, que ya dejó en silla de ruedas de por vida a un guardia urbano, puede estar en la calle. Según el veredicto del jurado -consentido por el magistrado que lo presidía- Lanza «se abalanzó por la espalda y sin posibilidad de defensa» sobre su víctima, Victorino Laínez, «dándole un golpe seco por detrás en la cabeza». El acusado, por imprudencia, según los inefables jurados, «dio una patada en la cara» a la víctima, que ya estaba en el suelo; y, a continuación, también imprudentemente, «se colocó encima siguiendo propinándole puñetazos en la cabeza y múltiples golpes». Este relato de hechos probados demuestra, para este ofensivo jurado, que «la intención de Lanza sólo era lesionar a Victorino Laínez, habiéndose causado su muerte por la imprudencia de Rodrigo Andrés Lanza».

Dejando a un lado la desastrosa sintaxis del veredicto, la decisión del jurado es un insulto a la sociedad y a la víctima. Lo que describe es una conducta asesina, motivada por el sectarismo ideológico del acusado y casi disculpada por unos ciudadanos metidos a jueces sin conciencia de su responsabilidad. El veredicto es un monumento a la impericia, pero también a la pasividad de un magistrado que tuvo en su mano devolver el acta para que se corrigieran todas esas contradicciones y no lo hizo. Este despropósito lo debe enmendar el TS de Justicia de Aragón y, en última instancia, la Sala Segunda del TS.