Muchos cabos sueltos en el Peñón

La prioridad de la política exterior española respecto a Gibraltar no puede ser simplemente lograr el bienestar de los gibraltareños, sino la recuperación de la soberanía de este territorio, que es la última colonia en Europa. Por supuesto, una cosa y otra no son necesariamente excluyentes y en última instancia todos podemos desear como el mejor objetivo un futuro en el que los llanitos se sientan cómodos y puedan prosperar aún más bajo la soberanía española, pero es conveniente poner las cosas en su debido orden. Por ello, el acuerdo político que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya ha anunciado en las últimas horas del año que acaba de concluir debería mantener el objetivo principal, siquiera en el horizonte del medio plazo, mientras que entre lo que se sabe hasta ahora hay demasiados elementos que permiten pensar que no es el caso. De hecho, la alegría con la que ha proclamado su intención de «echar abajo la verja» coincide más con los intereses del Reino Unido para seguir eternizando este problema, que con los españoles.

El encaje de la colonia en una Unión Europea en la que ya no está el Reino Unido debería inspirarse en la fórmula que ya se ha usado para el caso de Irlanda del Norte. En parte es así en el principio de acuerdo que presentó la ministra y que presupone que serán policías europeos quienes controlarán la entrada y salida de viajeros de la colonia desde y hacia destinos fuera del área del Tratado de Schengen. Aparentemente, respondería a uno de los objetivos que España ha deseado desde hace tiempo -que haya policías españoles en el control de llegadas del aeropuerto de Gibraltar- y que los británicos han asumido varias veces sobre el papel, pero jamás en los hechos. Sin embargo, no está claro que esa labor la vayan a ejercer funcionarios españoles y sin embargo, con la participación de los representantes de la agencia europea Frontex se le va a dar a esa frontera una dimensión internacional que no ha tenido nunca, lo que puede tener repercusiones jurídicas que no se han estudiado lo suficiente.

Es verdad que los gibraltareños votaron masivamente a favor de permanecer en la UE y España no debería tener ningún interés en complicarles la vida ahora que se han encontrado en esta situación que no deseaban. Sin embargo, no es razonable que se les ofrezca este nuevo estatus que en ciertos aspectos mejora incluso el que tenían antes del Brexit, sin que hayan adquirido a cambio el compromiso de ajustar su legislación fiscal y aduanera a los usos civilizados que rigen en la UE. Porque en ese caso no estaríamos sino alentando esas actividades de piratería comercial. Cuando se habla de esa «zona de prosperidad compartida» no se puede ignorar que hay una parte que juega sin reglas o con unas amañadas, mientras que el resto, la zona del Campo de Gibraltar, tiene que cumplir las que rigen en toda la Unión Europea. Esa circunstancia es la principal causa estructural de las diferencias en la renta entre uno y otro lado de la Verja.

En fin, este acuerdo de principio tiene la virtualidad de haber evitado una interrupción brusca en las comuniciones que no hubiera beneficiado a nadie y que España no deseaba tampoco. Aún queda la negociación propiamente dicha que va a llevar a cabo la Comisión Europea, para lo que se ha comprometido a aplicar en todo caso el criterio de las autoridades españolas. Es de esperar que en el Ministerio de Exteriores afinen más en la defensa de nuestros intereses que lo que ha hecho hasta ahora la ministra.