Mucho que objetar ante un fraude de ley

«Nada que objetar. Es algo que está tasado y reglado en nuestra legislación penitenciaria». Esta fue la reacción del presidente del Gobierno a la puesta en semilibertad de los condenados por el golpe separatista de 2017, beneficiados a primeros de mes por las juntas de tratamiento penitenciario de las cárceles catalanas en las que cumplen condena. Ayer fue la Generalitat de Quim Torra la que ratificó el tercer grado para los sediciosos del procés, consumando de forma oficial e institucional un fraude de ley que convierte en papel mojado la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. El Gobierno catalán cumple así la promesa que hizo nada más publicarse aquel fallo judicial -dejar en libertad a los héroes del golpe contra el Estado de Derecho-, y lo hace cuando Oriol Junqueras y el resto de la trama no ha cumplido ni siquiera la mitad de sus penas. Aunque Pedro Sánchez asegure que el tercer grado está «tasado y reglado» en nuestra legislación penitenciaria, la decisión rubricada ayer por la Generalitat es de carácter exclusivamente político, adoptada para dejar en régimen de semilibertad a unos delincuentes que nunca se han arrepentido de atentar contra la unidad nacional y a los que ahora abre las puertas de la cárcel para que animen la próxima campaña electoral. No existen aquí criterios jurídicos o humanitarios, sino órdenes políticas para sacar de prisión a quienes pusieron en jaque nuestro sistema democrático. Aunque el presidente del Gobierno siga sin tener «nada que objetar» a esta afrenta al Estado de Derecho, la Fiscalía esta obligada a actuar de forma urgente y, a través del correspondiente recurso, salir en defensa de una nación que no puede estar condicionada por la extorsión que practica el separatismo, en las Cortes o en los aledaños de los tribunales, con la venia y por la necesidad del Ejecutivo de Sánchez.