Motín de los ayuntamientos contra Hacienda

El Gobierno no tiene más remedio que rectificar el acuerdo alcanzado con la dirección socialista de la Federación de Municipios y Provincias (decidió el voto de calidad de su presidente, Abel Caballero) con el que resolvió la petición de los Ayuntamientos para que les fuera permitido utilizar su superávit con el fin de paliar los gastos extra que está teniendo para ellos la pandemia. El acuerdo ya era malo para los consistorios, que cedían casi 15.000 millones a Hacienda y esta solo garantizaba la entrega de 5.000 (en dos plazos) en ayudas provenientes de Europa. Pero el ministerio de María Jesús Montero lo convirtió en aún peor pues, en su publicación en el BOE, alargaba cinco años más los diez estipulados para la devolución de ese dinero. Así las cosas, alcaldes de todas las formaciones políticas (excepto del POSE, naturalmente) y de toda España han decidido hacer un frente común de tal forma que hoy por hoy, y en esos términos, el decreto no será convalidado por el Congreso. Y así será porque en realidad lo que planteaba el Gobierno -con la inconcebible aquiescencia del mencionado Abel Caballero- era en la práctica una confiscación de los ahorros que, con mucho esfuerzo y en tan mala coyuntura, han conseguido hacer los Ayuntamiento. Tan malo es el decreto que ha conseguido algo prácticamente insólito en la política de estos días: que todos los partidos (repetimos, a excepción del PSOE) consideren inaceptable la pretensión del Gobierno de Sánchez. Lo justo es que ese decreto se reforme porque se trata de atropello intolerable y un revés al municipalismo, que siempre ha sido el nervio político más cercano al ciudadano. Se trata además de reconocer la -en general- entrega de los Ayuntamientos en la pandemia, donde han jugado un papel esencial en la misión asistencial.