Montero debe corregir su injusta chapuza

Resulta insólito que una treintena de alcaldes de trece partidos distintos se pongan de acuerdo en algo. Pero así ha sido para diseñar una alternativa al decretazo de Hacienda para hacerse con los superávit a los que la ley obliga a los municipios y que supera los 16.000 millones de euros. A cambio de quedarse con toda esa cantidad, que no devolverá hasta dentro de quince años, reparte 5.000 millones. Todo un tocomocho. Solo los alcaldes del PSOE han asumido, dóciles y obedientes, la tesis del Gobierno, de tal forma que prestan un mal servicio a sus vecinos. Al margen de ellos, todo el arco ideológico del municipalismo (populares, nacionalistas, podemitas, separatistas, regionalistas o centristas) se muestra en contra de ese reparto diseñado por Montero, a la que no le queda más remedio que abrirse a la renegociación porque a día de hoy es imposible que su decretazo sea convalidado en las Cortes, donde los alcaldes insumisos cuentan con 200 diputados dispuestos a tumbarlo. No se entiende la cerrazón de Hacienda a corregir una injusticia que da pistas de la asfixia económica del Gobierno, que al parecer quiere mitigar a costa de hacerse con el ahorro de los consistorios. El país vive una situación tan grave como excepcional y la administración local, que tan ejemplarmente se ha volcado en sofocar los efectos de la pandemia, se encuentra financieramente con el agua al cuello por haber acometido los gastos extra derivados de la lucha contra el Covid-19. No merece ese trato, menos aún de un Gobierno que no deja de hacer apelaciones a la «unidad» y a «arrimar el hombro», retórica que cuando ha de pasar de las palabras a los hechos se revela como una mentira más. Por eso los ayuntamientos han diseñado una sensata alternativa al decretazo de Montero. No solo es más justa sino que podría llegar a todos los municipios. Eso sí que es arrimar el hombro.