Miradas sobre la pandemia
Acatar sin rechistar: ¿hasta cuándo?
Este Gobierno ha cogido el gusto al ordeno y mando de la imposición y de la unilateralidad eliminando cualquier opción de consenso
Semana convulsa en el sector agroalimentario español, a los problemas que llevaron a las manifestaciones en el mes de febrero y los devastadores efectos de la crisis del Covid-19 se han unido el ninguneo a la participación ciudadana en las decisiones del Gobierno, que sigue imponiendo su voluntad a golpe de Real Decreto Ley bajo el paraguas del estado de alarma.
Y es que este Gobierno ha cogido el gusto al ordeno y mando de la imposición y de la unilateralidad eliminando cualquier opción de consenso, por mucha voluntad que tengamos.
¿Qué ciudadano que crea en el sistema democrático consideraría normal lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados? El Gobierno presenta para su convalidación un Real Decreto Ley (RDL). Tras el debate tiene lugar una votación, en la que la mayoría del Congreso de los Diputados, de los representantes legítimos de los españoles, de todos los españoles, decidimos que hay que abrir un plazo para mejorar y consensuar una norma entre todos los grupos políticos. Hasta aquí todo normal, salvo que en lugar de abrirse dicho periodo de dialogo y debate, tal y como establece el reglamento de la Cámara, el grupo político que gobierna aplaza su negociación semana tras semana como si no hubiera nada que cambiar, como si no hubiera nada que pactar ni que negociar. Y de repente, esta semana, en su lugar, sin previo aviso, negociación o consenso alguno, nos encontramos en el BOE con un nuevo decretazo , otro RDL, amparado por el estado de alarma en que se incorporan algunos cambios a la misma norma cuya modificación ha estado incomprensiblemente paralizada.
A este más que evidente menosprecio a la participación democrática, se suma el ninguneo a la sociedad. Se actúa sin hablar con nadie, se regula al margen de los posibles beneficiarios y de quienes tienen las competencias, y cuando se dan cuenta de que lo regulado no sirve, aun teniendo el mandato de negociarlo con los grupos políticos para mejorarlo, dictan otro real decreto ley y se autoenmiendan, eso sí, nuevamente de forma totalmente unilateral: sin negociación, consenso, ni siquiera previa consulta escuchar a nadie y sin contar con nadie. Total para qué, habrán pensado, bajo el paraguas del estado de alarma cabe todo y además esto les resulta mucho más cómodo, los ciudadanos a estas alturas ya están curados de espanto y a la oposición con llamarles fascistas todo queda tapado. Sin embargo esta actitud prepotente y chulesca de hacer únicamente lo que le va bien al Gobierno, despreciando sistemáticamente a las instituciones y prescindiendo de los afectados tarde o temprano acabará pasando factura.
Los estrategas del Gobierno lo saben y por ello, en paralelo, se afanan en su día a día en fabricar relatos que permitan identificar culpables. Construyen, sin ningún pudor, todo un discurso mediático para acusar de crispación a quienes solo pretendemos trabajar, dialogar y consensuar, cumpliendo el mandato ciudadano procedente del voto de la Cámara. A quienes si hemos hablado con los afectados, hemos trabajado y elaborado propuestas razonadas y razonables como es nuestra obligación y no consideramos que los problemas se resuelvan solos, se nos insulta y ningunea con el claro propósito de intentar ocultar la inacción y prepotencia del Gobierno.
Lo que ha pasado esta semana con el RDL 13/2020 de mejora del empleo agrario -a que antes hacíamos referencia- es tan sólo el ejemplo más reciente, es decir, una norma que pretendía resolver de forma urgente los problemas para recoger la cosecha y que afectaba a sectores tan importantes de nuestra economía como los de la fruta de hueso, nectarinas, melocotones, la fresa, la cereza; los nísperos, las hortícolas, el ajo, el esparrago, las cebollas y patatas, las uvas, etc. Todos y cada uno de empresarios de estos sectores ellos se están teniendo que buscar literalmente «la vida» para que la cosecha no se quede en las explotaciones ante el ninguneo del Gobierno. Unos y otros ya habían advertido que la norma del estado para asegurar la mano de obra no resolvía sus problemas, que era necesario insistir en la dignidad de trabajar en el campo, y que no parece ni medio normal que con cuatro millones de parados la cosecha se quede sin recoger en España, y mucho menos sabiendo que incluso la Comisión Europea había arbitrado soluciones, por si fuera necesario aplicar la movilidad internacional. No esta demás recordar que esto está provocando la subida de precios de los productos y no precisamente porque los agricultores estén mejorando sus ingresos
El mismo proceso de NO diálogo han seguido, en esta semana convulsa, el sector del vino o el del aceite. Problemas de dos años de parálisis agravados fundamentalmente por su inacción a nivel internacional. La falta de alianzas y socios internacionales la han terminado pagando los productores españoles. Unos aranceles que superan a los de todos nuestros competidores y que han echado literalmente del mercado algunos de nuestros principales productos. Nadie pagará un 24% más caro un vino o un aceite español que uno italiano, portugués, francés o de cualesquiera de los países que exportan a Estados Unidos. Quizá anteponer la ideología a la actividad productiva tenga sus consecuencias, la tasa Google que Francia finalmente rechazó implantar, puede ser un buen ejemplo. La caída de exportación del aceite de oliva español, superior al 80%, lo dice todo.
Tras dos años de problemas, las soluciones del gobierno a ambos sectores, tampoco han sido precisamente consensuadas con nadie. Han sido presentadas, vendidas, contadas en medios, pero no consensuadas ni negociadas con quienes las tienen que aplicar. Y esto es más preocupante a tenor de que algunas de las propuestas como las del aceite de oliva olvidan al olivar tradicional y afectan, incluso, al futuro de la PAC y a los fondos de todas las comunidades autónomas.
Dice el refranero español que no hay peor ciego que el que no quiere ver, a lo que podríamos añadir, que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Estamos viendo cómo se publican ayudas al sector vitivinícola, sin un euro más de lo que ya estaba previsto en los presupuestos y dejando fuera a comunidades autónomas enteras por no tener en cuenta la diferente realidad de cada una. Y todo ello, una vez más por no atender a ni a las propuestas de los afectados, ni a las de las CCAA, ni mucho menos -faltaría más- a las que hemos hecho desde el Partido Popular tras escuchar y recoger las propuestas de todos ellos. La triste consecuencia de todo ello es que en la norma estatal no hay reconocimiento alguno al esfuerzo por tener productos de calidad y que prácticamente se propone la misma e insignificante ayuda para destilación del vino con IGP o DO que el que no tiene ningún tipo de marchamo de calidad europeo. Se olvida la calidad a pesar de la grandes diferencias entre el coste de producción y rendimiento por hectárea entre unos y otros, y a pesar de ser precisamente este reconocimiento a la calidad de nuestros productos el gran atractivo gastronómico y por tanto turístico de nuestro país y la única fuente de actividad económica en muchos de los municipios rurales.
Esta es la democracia que tenemos, este es el dialogo que ejercen los señores que gobiernan, esta la voluntad de consenso político. Quizá hemos pecado de ingenuos, por habernos creído en algún momento el ofrecimiento de ese diálogo y consenso, pero en ello seguiremos insistiendo, intentando evitar la arbitrariedad y trasladando a través de nuestras la voz de los ciudadanos.
Quizá esta farsa es a lo que pretenden que nos acostumbremos. Quizá esta sea la nueva normalidad o la normalidad transitoria sin sesgo de retrospección que debemos aplaudir y agradecer. Por frasecitas que no quede, soluciones mediáticas todas, reales ninguna.
El Gobierno manda, y los demás debemos habituarnos de una vez por todas a acatar a pies juntillas lo que nos encontramos en el BOE a golpe de Real Decreto ley y bajo el paraguas de las sucesivas prórrogas del Estado de Alarma. Y si no lo hacemos así seremos tildados de antipatriotas, fascistas o de lo que en cada momento decidan los estrategas del Gobierno que puede ser un buen calificativo y que les permita generar un titular en su telediario frente a los que solo pretendemos seguir ejerciendo nuestra responsabilidad desde el dialogo y en beneficio de la gente. Pero quizás se les olvide que aunque los partidos políticos que hacen oposición tengan que aguantar esto, quienes más salen perdiendo son los agricultores, ganaderos y todo el sector agroalimentario de España. Y ellos no se lo perdonarán.
Milagros marcos es portavoz de Agricultura del PP en el Congreso de los Diputados.
