Menos hipotecas y más caras

La necesidad de mejorar algunos puntos muy concretos de la ley hipotecaria con el fin de adaptarla a la regulación de la UE ha servido de excusa a la izquierda política, y muy especialmente al Gobierno de Pedro Sánchez, para introducir una serie de cambios que, lejos de beneficiar a los futuros compradores de vivienda, acabarán encareciendo el crédito e incluso dificultando el acceso a una hipoteca. El Banco de España advirtió ayer de que el incremento de los costes y las obligaciones impuestos a los bancos restringirá la concesión de préstamos. El abaratamiento de las comisiones y el traspaso de casi todos los gastos de constitución a las entidades financieras, así como el pago del polémico impuesto hipotecario, acabarán traduciéndose en un aumento de los diferenciales de interés de los nuevos créditos. Asimismo, la exigencia de requisitos más estrictos a la hora de evaluar la solvencia de los clientes y el retraso en la recuperación de la deuda impagada a través del embargo endurecerán las condiciones crediticias, complicando aún más el acceso a la vivienda a las rentas más bajas, a diferencia de lo que pregona el PSOE.

La falsa bandera de la «política social» que tanto esgrime el Gobierno acabará perjudicando, una vez más, al conjunto de los españoles en forma de menos hipotecas y más caras. Y todo ello en un momento en el que el acceso a un piso ya es difícil per se, debido a la progresiva subida de precios registrada en los últimos años, la escasa construcción de vivienda pública -que ha caído un 92 por ciento en la última década- y el mantenimiento de salarios bajos, sobre todo entre los más jóvenes, que tienen problemas incluso para alquilar. El electoralismo de Sánchez sale a pagar.