Memoria histórica o táctica de engaño

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue la senda de Rodríguez Zapatero con la utilización de la «memoria histórica» como un arma de propaganda, escondida tras un mensaje de reparación y justicia a las víctimas de la Guerra Civil -de uno de los bandos de la contienda- y del franquismo. De hecho, los resultados concretos del supuesto compromiso del Elecutivo con las víctimas son casi irrelevantes. Más allá de la pirotecnia propagandista con la exhumación de Francisco Franco, el memorismo histórico de la izquierda apenas ha atendido las demandas de familiares que buscan a sus muertos en fosas comunes. La pueril mentira de que España es el segundo país, tras Camboya, con más fosas comunes es un ejemplo de cómo la izquierda tapa el fracaso en la reparación del sufrimiento de las víctimas con la creación de un eslogan sectario. Los datos de ese fracaso están en la respuesta a la consulta de ABC, a través del Portal de Transparencia, que cifra en solo diez las fosas comunes en cuya apertura ha participado el Ejecutivo desde que Sánchez llegó a La Moncloa.

Hay un triste parecido entre esta manipulación política con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo con la que pretendió judicialmente Baltasar Garzón, imputado y acusado por prevaricar en la investigación de crímenes del franquismo y, finalmente, absuelto in extremis. Garzón hizo entonces -entre 2006 y 2008- cualquier cosa menos investigar las denuncias de las víctimas. Hizo ruido, como el actual Gobierno, con la memoria histórica, pero sin resultados. De hecho, de los veintitrés meses que tuvo abierta la causa, Garzón solo dedicó el último a pedir documentación a unos y otros, poco antes de que él mismo archivara la investigación por fallecimiento de los supuestos responsables -desde Franco, en 1975, a Mola, en 1937- y pasara el asunto a los juzgados ordinarios, en cuyos territorios se habían localizado fosas. La versión de la izquierda es que a Garzón no le dejaron investigar el franquismo.

Este es el balance de la izquierda -política y judicial- con la «memoria histórica», un saldo de expectativas falsas y esperanzas frustradas para cientos de familiares que, confiados en la legítima aspiración de localizar y enterrar a sus muertos, se topan con el discurso vacío de sus supuestos valedores. El Gobierno de Sánchez anuncia ahora una reforma de la Ley de Memoria Histórica, con la única intención de recargar las tintas en una norma que no podrá cambiar el pasado, pero seguirá crispando el futuro al mantener viva la llama de la discordia. No, no es justicia lo que está ofreciendo la «memoria histórica», sino la incapacidad de la izquierda para aceptar el pasado sin manipular los justos sentimientos de las familias de las víctimas.