Más trabas y confusión para las empresas

A la enorme inseguridad que ha generado en los últimos días la obligación de registrar diariamente la jornada de los trabajadores se suma ahora una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que cuestiona la normativa que acaba de entrar en vigor en España, con lo que la confusión de empresarios y autónomos, lejos de remitir, aumenta más si cabe. El fallo conocido ayer establece que las empresas deben computar el horario de sus empleados mediante un sistema «objetivo, fiable y accesible» para controlar de forma efectiva tanto las horas extra que se realizan como los períodos de descanso. Sin embargo, también exige a los Estados miembros que «tengan en cuenta las particularidades propias de cada sector», así como el tamaño y las especificidades de cada empresa a la hora de implantar esta nueva exigencia, cosa que en España no sucede. El Gobierno en funciones del PSOE, en una nueva muestra de improvisación e irresponsabilidad electoralista, aprobó un decreto que obliga a todas las compañías a apuntar diariamente la entrada y salida de sus empleados bajo amenaza de multas, incluyendo a microempresas y pymes, a diferencia de lo que sucede en otros países de Europa, donde están exentas de este tipo de requisitos. Esto significa que un negocio con apenas uno o dos trabajadores tendrá las mismas obligaciones en materia de registro horario que una multinacional que emplea a mil personas, lo cual constituye un despropósito. La ocurrencia del Ministerio de Trabajo se traducirá, por tanto, en nuevas trabas y costes para gran parte de la estructura productiva del país, formada mayoritariamente por pymes. El decreto socialista no solo reintroduce dinámicas laborales más propias del siglo XIX que del XXI, sino que, al no discriminar por tamaño ni sector, va de chapuza en chapuza.