Más dudas en la universidad de Sánchez

El plagio y el resto de irregularidades desveladas por ABC en torno a la tesis de Pedro Sánchez no es la única sombra que se cierne sobre la Universidad Camilo José Cela, donde el presidente del Gobierno no solo se doctoró, sino que ejerció como profesor durante un tiempo. La estructura societaria que presenta esta entidad educativa es, cuando menos, sorprendente, ya que, en realidad, está controlada por un fondo offshore radicado en Nueva Zelanda, en la otra punta del mundo, para eludir el pago de impuestos. La citada universidad pertenece a la Institución Educativa SEK, una sociedad española que, además de contar con otros nueve colegios, posee otras quince empresas, contabilizando en total más de 100 millones de euros en activos. Hasta aquí todo normal. La sorpresa, sin embargo, salta al observar el reparto accionarial del grupo matriz, puesto que una parte minoritaria está en manos de una empresa holandesa, mientras que el 90% restante es propiedad de una sociedad situada en Reino Unido bajo el nombre de Education Management Corporation. La supuesta españolidad de esta institución educativa brilla, pues, por su ausencia, pero aquí no acaba el entramado. Lo más relevante de este particular esquema es que esta última empresa británica pertenece a su vez a una mercantil neozelandesa que es gestionada a través de un fondo offshore con sede, igualmente, en esta remota isla, y cuya beneficiaria es, en última instancia, la familia Segovia, que preside el grupo SEK. Y la clave es que mientras la matriz española declara pérdidas (19 millones), su negocio educativo nutre de ingresos a la sociedad radicada en Nueva Zelanda, sin que esta tenga que pagar impuestos por ello, puesto que este país exonera de tributación a los fideicomisos cuyas empresas, ingresos y activos procedan del extranjero. El resultado es una ventajosa fiscalidad.

Llama la atención que tratándose de una institución centenaria fundada en Madrid y cuya principal actividad tiene lugar en España, su propiedad esté en manos de empresas extranjeras. Además, si bien la nacionalidad del capital es lo de menos, la cuestión es que este grupo opera a través de una red internacional de sociedades pantalla para reducir al máximo la factura fiscal, hasta el punto de no tener que tributar nada por los beneficios que declara el fondo registrado en Nueva Zelanda, eje central de esta estructura. Y si el negocio fuera tan deficitario como el que reflejan sus cuentas en España, carecería de sentido montar este entramado, puesto que no habría beneficios sobre los que aplicar el Impuesto de Sociedades.

Hacienda debe seguir de cerca la operativa de dicho grupo ahora que el Fisco está haciendo un esfuerzo en evitar prácticas que resten recursos al erario. Veremos su reacción, aunque el aplauso del Gobierno al episodio del ministro Duque, creando sociedades para ahorrase impuestos, no invita al optimismo.