Fin a la máquina secesionista

Una de las múltiples e importantes tareas que deberá desempeñar el Gobierno cuando, finalmente, entren en vigor las medidas derivadas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución será desmantelar la amplia y engrasada «administración paralela» que han creado los nacionalistas catalanes con el único fin de alimentar el independentismo. La Generalitat ha mantenido y desarrollado durante años un complejo entramado de departamentos, organizaciones, fundaciones y entes dedicados en exclusiva a difundir, promover y fomentar el movimiento secesionista en Cataluña, cuya financiación dependía del erario público.

Esta maquinaria independentista, ideada para desafiar al Estado de Derecho y avanzar en la culminación de su particular y disparatada utopía, trabajaba por y para el nacionalismo, persiguiendo con ello una concreta finalidad partidista, marginando así a la mayoría de la población e ignorando por completo el interés general de los catalanes, que es el principio básico que debería guiar la actuación de los responsables políticos. Y todo ello haciendo un uso arbitrario e interesado del dinero de los contribuyentes , además de generar una nutrida red de clientelismo político de la que se beneficiaban personalmente los propios independentistas.

Sin embargo, el Gobierno dispone ahora de la oportunidad y las herramientas legales necesarias para desmontar este aparato de propaganda y adoctrinamiento político , ya que podrá destituir a sus dirigentes e incluso aprobar la extinción de dichas entidades y organismos públicos, una vez que el Senado otorgue luz verde al 155. La función del Ejecutivo no solo ha de limitarse a restablecer la legalidad y garantizar el marco constitucional en Cataluña tras el golpe independentista, sino que también debe eliminar la estructura que ha posibilitado su desarrollo.