Malos tiempos para el Poder Judicial

Las razonables expectativas de consenso que alumbró el nombramiento de Juan Carlos Campo como ministro de Justicia duraron las 24 horas que tardó Pedro Sánchez en designar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. No hay duda de que al presidente del Gobierno le interesa más el control del Ministerio Fiscal que facilitar acuerdos con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En su escala de prioridades, Sánchez quiere tener a corto plazo los beneficios que le rendirá la sincronización de la nueva fiscal general con las necesidades del pacto con los separatistas. De esta importancia operativa del Ministerio Público para la «desjudicialización» -tan querida por Sánchez- dan buena cuenta dos hechos recientes: el consentimiento de la Fiscalía catalana al permiso penitenciario de Cuixart, sedicioso contumaz que ha anunciado que volverá a delinquir, y el apoyo de la Fiscalía de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a la suspensión de la inhabilitación de Torra. En la lógica intervencionista del PSOE, la Fiscalía representa poder, y mientras el actual CGPJ siga una senda «conciliadora», este órgano no será un problema para Sánchez.

En el contexto de objetivos políticos extra y anticonstitucionales fijados en los pactos de Sánchez con Unidas Podemos, el PNV y ERC, el poder judicial es la única oposición de fondo que teme el Gobierno socialista, que ya ha dado muestras de no querer eludir el choque frontal con los jueces. La Moncloa respaldó expresamente a Pablo Iglesias después de que este dijera que la Justicia española había sido «humillada» por la europea. Más allá de la ignorancia que demuestran estas palabras, se trata de un discurso servil de la propaganda separatista, coincidente con Unidas Podemos en descalificar a la Justicia del Estado ante Europa.

La izquierda ya está allanando el camino para endosar al PP la responsabilidad de que el CGPJ y el TC no se renueven en un plazo prudente. Sin embargo, la verdadera responsabilidad del PP en esta cuestión es fijar muy alto el listón del acuerdo con los socialistas, porque los populares no pueden ser cómplices de la colonización de esos órganos por partidos que propugnan la destrucción del sistema constitucional. La labor del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se presenta así muy compleja, principalmente porque pertenece a un Gobierno que juega a la contra de la estabilidad institucional, del respeto al Estado de Derecho y de la vigencia de la separación de poderes. El problema de Campo no será la actitud del PP en las negociaciones, sino conservar su crédito como interlocutor de un Ejecutivo nada fiable y que se ha retratado, en sus verdaderos instintos políticos, con el nombramiento de Dolores Delgado. Quien nombra a Delgado fiscal general es que no respeta a la Justicia.