Mafia separatista

La Fiscalía de Barcelona ha introducido, por primera vez, el delito de organización criminal para calificar la actuación de los altos cargos de la Generalitat investigados por la preparación del referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017. Los fiscales encargados del caso no han tenido duda en ver en el grupo de imputados una trama perfectamente diseñada con los requisitos para su calificación penal como organización de delincuentes: objetivos determinados, jerarquía interna, reparto de papeles y voluntad de permanencia. Lo que se percibía en Cataluña con las redes nacionalistas y el apoyo del gobierno de la Generalitat es la imagen propia de una auténtica trama mafiosa, en la que cada miembro tenía asignada una función que, aisladamente, podía parecer inocente, pero relacionada con las de los demás miembros componía el cuadro propio de una organización criminal.

Este paso dado por la Fiscalía tiene una alta importancia cualitativa, porque introduce en el debate sobre las consecuencias penales del 1-O una nueva perspectiva sobre la que se había especulado mucho y concretado poco. De hecho, sólo Vox, en su condición de acusador popular en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha incluido la acusación por organización criminal. Con carácter previo a si esta forma de definir la relación entre los protagonistas del golpe separatista será admitida o no por los tribunales, lo que importa saber es si tendrá alguna influencia en la posición de la Fiscalía del Tribunal Supremo cuando llegue el momento de hacer definitivas las conclusiones en el juicio por el 1-O. El Ministerio Fiscal funciona conforme al principio de unidad de actuación, según el cual los fiscales deben mantener el mismo criterio legal ante los mismos hechos ilícitos, los cuales, en este caso, son el 1-O. La incógnita se despejará cuando, al finalizar la prueba, los fiscales que están actuando ante el tribunal presidido por el magistrado Marchena ratifiquen sus acusaciones iniciales o anuncien su modificación, supuesto este en el que cabría la posibilidad de que incorporaran el delito de organización criminal. Dado que Vox ya acusa por ese delito, si la Fiscalía del Supremo decidiera incorporarlo a su acusación, los acusados no podrían alegar indefensión.

Al margen de las consideraciones técnicas, políticamente el golpe contra el Estado en Cataluña fue obra de un entramado de grupos sociales, partidos políticos, instituciones públicas y el gobierno de la Generalitat. Semejante asalto a la legalidad constitucional, por su gravedad e intensidad, no podía ser el resultado de actuaciones aisladas. Lo que ahora plantea la Fiscalía de Barcelona es trasladar al ámbito penal la cruda realidad de que el 1-O fue ejecutado por una mafia separatista, a cuyo calor primero nació y se nutrió una red de corruptos y, después, un movimiento anticonstitucional y delictivo.