La ley mordaza de Carmen Calvo

Han tenido que caer dos ministros del Gobierno, forzados a dimitir por las revelaciones de los medios, para que la vicepresidenta del Ejecutivo repare en la necesidad de controlar la prensa y poner límites a la libertad de expresión que consagra la Constitución, giro de clara inspiración chavista que se suma a la toma de Radio Televisión Española -primera iniciativa del Ejecutivo de Sánchez- o a las amenazas judiciales de La Moncloa a quienes, como ABC, denunciaron el plagio de la tesis del presidente del Gobierno. Carmen Calvo dio ayer un paso cualitativo en esta política de corte totalitario al abogar por regular e «intervenir» la libertad de expresión, privando así a la opinión pública del necesario control que los medios ejercen al poder político.

Las revelaciones sobre los ejercicios de ingeniería fiscal a los que recurrió el ministro Pedro Duque para optimizar su relación con la Agencia Tributaria, o las conversaciones que muestran la condescendencia de la titular de Justicia con quien había organizado una red delictiva de prostitución para extorsionar con «información vaginal» a personalidades públicas, desenmascaran a un Gobierno cuya única razón de ser fue, precisamente, la regeneración ética. El argumento de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, desde donde insiste en repartir credenciales de pureza democrática y moral -«Hemos venido a limpiar», repite-, se viene abajo ante las informaciones que, un día sí y otro también, ponen de manifiesto una forma de actuar diametralmente opuesta a los principios que enarboló para tomar el poder. La prensa estorba a un Ejecutivo cuya única legitimidad derivaba de su presunta superioridad moral y al que los medios de comunicación sitúan a diario ante el espejo de sus propias contradicciones.

La solución para la vicepresidenta del Gobierno no consiste en un ejercicio de contrición como los que, en numerosas ocasiones, llevó a cabo el anterior Ejecutivo por sus corruptelas, sino en «empezar a tomar decisiones que nos protejan». Se refiere Carmen Calvo a proteger a los políticos, claro está, no a defender a los ciudadanos -como sería más deseable- de quienes recurren a la impostura y la propaganda para difundir medias verdades, si no mentiras. Cuando la vicepresidenta del Ejecutivo habla de las pseudoinformaciones que «transforman literalmente la propia concepción de la vida y del mundo que tenemos» da la impresión de referirse a su propia maquinaria publicitaria, incapaz ya de contrarrestar las noticias que retratan a su Gabinete. La libertad de expresión tiene límites, como bien saben los raperos y tuiteros que envilecen el mundo de la comunicación, pero no es a los políticos a quienes hay que proteger, sino a los ciudadanos libres que confían en medios como ABC para informarse, amenazados, unos y otros, por un Ejecutivo que lo basó todo en la propaganda y que, a la venezolana, trata de imponer y blindar su verdad. No peligra la prensa, sino la propia democracia.