Editorial ABC

Lección de los jueces a los partidos

Los jueces han ganado el pulso al ministro Juan Carlos Campo y a los partidos de la izquierda que han querido imponer su control sobre la justicia vetando la votación a toda costa

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La decisión del Consejo General del Poder Judicial de renovar diversas plazas trascendentales del Tribunal Supremo es más que una buena noticia. Es la demostración de un hartazgo patente en la judicatura, que ha decidido ignorar tanto las presiones del Gobierno para que no se tocara nada en el Alto Tribunal, como la indolencia demostrada por PSOE y PP para abordar la renovación del Consejo, pendiente desde hace dos años. En cierto modo, el CGPJ ha dado un ejemplo institucional a los partidos, se ha desmarcado de la incomprensible tendencia al bloqueo, y ha tratado de sacudirse el sambenito -a menudo merecido- de que sus vocales no son sino satélites sumisos al partido que los propone. Para la designación de tres magistrados nuevos de la Sala lo Penal (dos progresistas y uno conservador), y para las presidencias de las Salas de lo Contencioso -muy relevante porque dirime los pleitos relativos al Gobierno-, de lo Social y de lo Militar, el CGPJ necesitaba un mínimo de 13 votos sobre 20. Y en la mayoría de los casos contaron con hasta 18 ó 19 votos favorables, una cifra muy poco habitual y reveladora de que el consenso logrado es una lección «política» al Gobierno y a la oposición. Desde diciembre, el CGPJ había dejado en barbecho los nombramientos porque eran claves en la cúpula judicial, y objetivamente debía ser un nuevo Consejo el encargado de diseñar la renovación. Sin embargo, la perpetua falta de acuerdo ha forzado a Carlos Lesmes a dar un paso adelante. Por muy en funciones que esté, el CGPJ sigue siendo un órgano constitucional en vigor y legitimado para adoptar este tipo de decisiones, incluso aunque la izquierda alimente la farsa de que es una cacicada a destiempo. De hecho, la mayoría de magistrados votados son de extracción progresista, por lo que esa argumentación queda desmontada.

La votación supone un rearme moral de la judicatura contra la campaña de acoso a la independencia judicial y a la separación de poderes instada desde La Moncloa. Pero también frente a la eterna estigmatización ideológica que se hace de cada magistrado. El clima estaba tan viciado y la institución ha sido tan manoseada que no reaccionar habría sido inasumible. Los jueces han ganado el pulso al ministro Juan Carlos Campo y a los partidos de la izquierda que han querido imponer su control sobre la justicia vetando la votación a toda costa. Hace dos años, el PP ya pactó a tiempo, y eso no debería olvidarlo el PSOE cuando le acusa de boicotear todo. La memoria no puede ser selectiva: el PSOE también ha mantenido presidentes del Consejo muchos meses más de su tiempo legal, y bloqueó más de dos años la renovación del TC con vetos expresos a magistrados conservadores. Ahora, más allá de cualquier reparto de culpas políticas, los jueces han mostrado unidad.

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