Lo que se juzga en el Supremo

En el legítimo ejercicio del derecho de defensa, los abogados de Junqueras y demás procesados por rebelión y otros delitos quieren confundir a la opinión pública sobre lo que realmente se está juzgado en la Sala Segunda. Es una estrategia tendente a que sea el Estado el que rinda cuentas de su actuación en Cataluña, y no los acusados por los delitos que se les imputan. En efecto, en el Supremo no se juzga si se aplicó bien o mal, pronto o tarde, el artículo 155 de la Constitución, porque es un debate ajeno a la responsabilidad penal de los acusados. Fuera como fuera la aplicación del 155, en nada excusa ni atenúa lo que los acusados, con Junqueras y Puigdemont a la cabeza, hicieron contra la Constitución y la unidad nacional, con la violencia en la calle como catalizador de su proceso separatista. Tampoco se juzga en la Sala Segunda del Tribunal Supremo si la Policía Nacional y la Guardia Civil actuaron con mayor o menor contundencia, si se desplegaron poco o mucho el 1-O, porque la violencia que se sienta en el banquillo es la que los responsables del proceso separatista animaron, provocaron, consintieron y legitimaron contra las Fuerzas de Seguridad. La fuerza del Estado es legítima; la de los rebeldes, no.

Tampoco se juzga el criterio de oportunidad que tuvo o dejó de tener el Gobierno de Mariano Rajoy al impugnar unas u otras leyes del proceso separatista, ni se juzga la prosa del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sólo con lo visto hasta ayer está acreditado que los acusados sabían que sus decisiones para impulsar la independencia eran ilegales, que la dejación de funciones de los Mossos d’Esquadra era una encerrona contra la Policía Nacional y la Guardia Civil y que el Gobierno de Puigdemont era consciente de que el riesgo de violencia era cierto y lo toleraron como una herramienta de presión sobre el Estado. Que no. Que ni España, ni su Estado, ni sus Fuerzas de Seguridad están en el banquillo.