La justicia belga no puede dar lecciones

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a Bélgica por falta de cooperación con la Justicia española, en el caso de una orden de detención emitida contra una militante de la banda terrorista ETA, es la mejor demostración de que el modelo de cooperación judicial que existe en la Unión Europea necesita urgentemente una reforma. La decisión de los jueces de Estrasburgo es además una desautorización flagrante de las incomprensibles prácticas de la Justicia belga cuando se trata de cooperar con España, algo que se ha vuelto a dar en un caso igualmente grave, como el del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la acción de la Justicia y residente en Waterloo.

Es lamentable que cierta élite política e intelectual belga -y una parte de su judicatura- sigan mirando hacia España con la misma mala predisposición que mantuvo en los tiempos del franquismo. Ese injustificado complejo de superioridad se ha mantenido inalterable ante la realidad de que España es, desde hace más de 40 años, una democracia plena y que si se comparan las estadísticas del propio Tribunal de Estrasburgo, es también uno de los países que menos veces ha sido condenado, menos que la misma Bélgica. Si se hiciera una traslación proporcional de las estadísticas, los belgas descubrirían con sonrojo que sus relaciones con el Convenio Europeo de Derechos Humanos son en realidad bastante conflictivas. Y sin embargo, hay jueces de ese país que siguen pensando que es razonable desconfiar de la Justicia española y que se creen en la obligación de proteger un mito mentiroso que solo existe en sus ensoñaciones más truculentas y que termina prestando auxilio y cobijo a terroristas o a funcionarios acusados de haber cometido gravísimos delitos contra el Estado.