El juicio de Fórum... once años después

Hace once años un juzgado de la Audiencia Nacional intervino Fórum Filátelico , la sociedad dedicada a captar inversores a cambio de una rentabilidad garantizada por sellos. La estructura piramidal montada por los dirigentes de Fórum colapsó en cuanto los nuevos inversores no aportaban lo suficiente para pagar las rentabilidades de los más antiguos. La solvencia de los sellos no apareció por ningún lado. El valor de las colecciones filatélicas fue calculado en aquel momento en 86 millones de euros, frente a los 4.300 millones que defendió la empresa en 2007. El resultado es que más de 250.000 inversores perdieron sus ahorros. El caso no era aislado. Afinsa, otra empresa dedicada al mismo negocio, también quebró y sus directivos fueron condenados.

Ayer se inició, finalmente, el juicio penal contra la cúpula de Fórum Filatélico. Paralelamente, en estos años se ha resuelto el concurso de Fórum Filatélico con un resultado que no alimenta el optimismo de que las víctimas puedan recibir las indemnizaciones que reclaman. La Fiscalía pide contra el principal acusado, Francisco Briones , la pena de 27 años de prisión . Se dice que la justicia siempre llega, aunque sea tarde. En este caso, es difícil aceptar que puede haber justicia si llega tan tarde. Realmente, la única esperanza de los miles de afectados, que guardan historias dramáticas, es que el Estado sea declarado responsable subsidiario por no haber fiscalizado las actividades de Fórum Filatélico. Los compromisos en tiempo electoral esperanzaron a las víctimas del fraude con soluciones que, en la práctica, son muy complicadas. Este caso también fuerza a preguntarse por la diferencia entre un negocio que sale mal y una estafa colectiva, porque nadie se sintió estafado mientras se pagan rentabilidades inverosímiles del 18%. Además, habrá que justificar de manera muy convincente que el Estado tenía un deber de vigilancia específico sobre estos negocios puramente privados.

La Audiencia Nacional no tiene un papel fácil con este juicio. Los ánimos están a flor de piel y la opinión pública está muy sensibilizada con este tipo de fraudes colectivos, dando por hecho que son delictivos. Las sesiones del juicio durarán hasta diciembre y es probable que el tribunal necesite varios meses más para redactar la sentencia, la cual, a su vez, será recurrible ante la Sala Segunda del Supremo. Al largo plazo se une que las expectativas de que las víctimas puedan recuperar su inversión son inciertas sin la intervención del Estado, pero en todo caso la Justicia tiene que juzgar las responsabilidades penales y civiles de los acusados, al margen de si en un futuro podrán asumir sus costes. Al menos debe quedar claro qué sucedió con aquella red de inversiones que entrampó a decenas de miles de ahorradores.